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Defensores de los Derechos Humanos, a merced de la impunidad: ONU

Foto: Cuartoscuro

La Organización de las Naciones Unidas publicó un estudio sobre la situación que viven los defensores de Derechos Humanos y periodistas en México. Este fue realizado por un Relator Especial, el cual se dijo atónito ante los índices de violencia, el poder de los grupos del crimen organizado y la impunidad «casi-absoluta» a la que se enfrentan estos sectores de la sociedad.

 

Aunque también reconoció la determinación y compromiso de defensores y periodistas, el Relator Especial dijo que la protección y empoderamiento de estos debería ser una prioridad nacional. Así como prevé que su situación no mejore hasta que el gobierno mexicano muestre voluntad política y desarrolle que reúna a los principales actores de la sociedad y política para hacer frente a la impunidad.

 

El Relator se reunió con más de 800 defensores de los Derechos Humanos en 24 de los 32 estados que componen la República mexicana. Además de instarlos a realizar su labor de manera responsable y a recurrir a mecanismos nacionales e internacionales para ello, realizó un análisis de las redes de defensores a lo largo del país.

 

Aunque reconoció que estas, tanto formales como informales, son importantes para la coordinación, apoyo y uso de recursos entre los participantes, algunos de los elementos con los que se reunió le hicieron saber que, precisamente por su labor, los defensores de Derechos Humanos eran excluidos de las principales vías de difusión de la información. De igual manera, la marginación geográfica es un factor importante que impide que estos grupos se expandan más allá de los centros metropolitanos hacia las zonas rurales.

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Las condiciones

El Relator basó su análisis de la situación en un listado acorde con los estatutos de la ONU Derechos Humanos. Estas condiciones consisten:

-Un marco legal e institucional

-Políticas y mecanismos que protejan a grupos vulnerables

-Aplicación de la perspectiva de género

-Respaldo y respeto por parte de actores no-gubernamentales

-Una institución nacional de Derechos Humanos independiente y sólida

-Una comunidad dinámica de defensores de Derechos Humanos

 

Por otra parte, los principales factores que afectaron los ejercicios y acciones relacionados con los Derechos Humanos destaca el alto índice de la violencia en el país que ha ido en incremento constante desde el 2006. El reporte retoma cifras proporcionadas por organizaciones civiles, las cuales contabilizan 730 violaciones a los Derechos Humanos de los defensores en tan solo los primeros 5 meses de 2017.

 

De igual manera, destaca las dificultades y los riesgos a los que se enfrentan los defensores cuando emprenden la búsqueda de la justicia. Haciendo mención de los peligros de denunciar violaciones de los Derechos Humanos por parte de la policía o las Fuerzas Armadas, el Relator menciona su visita a Ayotzinapa, en la cual los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hicieron pública la necesidad de implementar nuevos mecanismos en la búsqueda de desaparecidos.

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Al denunciar actos de abuso de poder, la labor de los defensores de Derechos Humanos comúnmente se ve criminalizada por las mismas fuerzas del Estado. Estas hacen un uso inapropiado, de manera deliberada, de las legislaciones en materia de crimen para levantar denuncias y emprender ataques contra estos grupos. A quienes se acusa de alterar la paz, representar riesgos para la seguridad nacional o mermar el desarrollo económico de la región o el país.

 

Acciones como estas, tanto por agentes gubernamentales como no-gubernamentales, no solo son condenadas por las leyes internacionales de los Derechos Humanos; sino que merman la confianza de la ciudadanía respecto a la instituciones del Estado y a su funcionamiento, advierte el Relator.

 

De igual manera, los atentados contra las libertades de expresión y asociación son habituales. Pese a la promulgación de nuevas normativas para proteger estos derechos, como el reconocimiento del acceso a internet como un Derecho Humano en 2013 o la Ley General de Transparencia en 2015, las manifestaciones públicas y las coberturas de las mismas por parte de periodistas suelen ser el objetivo de la violencia.

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Las agresiones y estigmatización de los defensores de los Derechos Humanos es algo cotidiano, según le comentaron los mismos elementos al Relator. La redes sociales juegan un factor importante en la intimidación y humillación pública de los activistas, aunque también se han enfrentado a hackeos y espionajes cibernéticos por medio de softwares maliciosos.

 

Particularmente, en el caso de las mujeres involucradas, se llega a la «violación correctiva» para limitar sus acciones. Las mujeres, dice el Relator, constituyen uno de los grupos más vulnerables en la defensa de los Derechos Humanos. De 2010 a 2017, 43 mujeres activistas y periodistas fueron asesinadas. Tan solo en el último año, se registraron 5 homicidios.

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La escalada de la violencia se destaca en la elaboración de grandes proyectos, ya sea por el gobierno o de manera privada, que involucran la utilización de tierras en propiedad de comunidades indígenas. En estas situaciones, se recurre a la táctica de «dividir y conquistar», la cual no solo debilita a dichas comunidades, sino que las deja profunda y permanentemente afectadas.

 

Luego de este análisis, el Relator vuelve al tema de la impunidad, la cual se ha vuelto «estructural» debido a la carencia de acceso a la justicia. El reporte retoma las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, las cuales reflejan que, en México, el 98% de los crímenes denunciados se mantienen sin resolver.

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El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, si bien ha intervenido a favor de 386 defensores y 260 periodistas, no ha generado los cambios necesarios a nivel gobierno y a nivel sociedad para, realmente, garantizar la seguridad de quienes desempeñan estas funciones.

 

Mientras que, en lo que respecta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus 32 similares estatales, el Relator destaca la importancia de las recomendaciones y sugiere que los organismos locales tomen medidas similares a las de la CNDH en el establecimiento de entidades que se especialicen en el derecho a la defensa de los Derechos Humanos. Así como se adhieran a los Principios de París.

 

Finalmente, el reporte cierra con 17 recomendaciones para el gobierno mexicano, 5 para los actores privados y no-gubernamentales, 6 para la comunidad internacional, 3 para la sociedad civil, 4 para las instituciones de los Derechos Humanos a nivel federal y estatal, 5 para la misma Organización de las Naciones Unidas.

 

Se incluye, en este listado final, la recomendación para las instituciones de educación superior de incluir programas de promoción y ejercicio de los Derechos Humanos; y a las organizaciones religiosas que no estigmaticen la defensa de los mismo y reconozcan la labor de los defensores pertenecientes a algún grupo religioso.

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