El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) condenaron la liberación pública de un documento sobre el caso Ayotzinapa. Esto luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) diera a conocer dos conversaciones «de interés» por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El GIEI rechazó la difusión del documento desde el mismo gobierno señalando que era información reservada desde que ellos la solicitaron a unidades estatales. De acuerdo con un comunicado citado por el diario La Jornada, los investigadores alertaron que este tipo de acciones puede exponer las investigaciones y alertar a los presuntos perpetradores.

Por ello, dijeron esperar que se les consultara en la próxima ocasión antes de tomar este tipo de decisiones.

Ayer, la Segob publicó en su portal dos conversaciones que develarían la colusión entre autoridades municipales de Iguala, Guerrero, y el crimen organizado de la región. En la primera lectura se entiende que personal de seguridad del municipio hizo detenciones de los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014; posteriormente, los ofreció a un miembro de la delincuencia asegurándole que se reportaría que ellos no hicieron detenciones.

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En una segunda hoja del documento se lee la supuesta conversación de un policía municipal con otro integrante del crimen organizado diciéndole el 4 de octubre que encontraron las fosas clandestinas.

A a su difusión también reaccionó ayer el Centro Prodh, el cual consideró riesgoso que se hiciera pública esa información al ser todavía una investigación en curso. Como el GIEI, advirtió que eso puede llegar a comprometer su éxito y se deslindaron también de la decisión de publicar esos documentos.

Esta institución consideró también necesario aclarar el origen de las conversaciones publicadas ante la posibilidad de que hayan sido producto de intervenciones ilegales de comunicación; sin embargo, destacaron que su contenido abre nuevas línea de investigación dado que se confirma que el Ejército ocultó información desde 2014 y siguió administrándola desde 2018, pese a la obligación de entregarla a autoridades civiles por el Decreto Presidencial de AMLO.