Crimen organizado expande extorsión a cadenas de suministro en el centro del país

Tal y como lo reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes 7 de julio, la extorsión es el delito que su gobierno no ha logrado disminuir a nueve meses de iniciado su sexenio y, por el contrario, este ha incrementado 26.7 por ciento en 2025 respecto a 2019, de acuerdo con los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Este delito que impacta a toda la población, tiene puestas sus “garras” principalmente en los pequeños, medianos y grandes empresarios a quienes llegan a extorsionar en sus diferentes modalidades como: el derecho de piso, robo a negocio, daño patrimonial y centralización de insumos, es decir, teniendo una afectación a toda la cadena de suministros.

Estos delitos han ido en incremento y se han expandido de forma exponencial en la región centro del país, que comprende los estados de Guerrero, Estado de México, Morelos y Michoacán donde los principales giros que están siendo afectados son los del acero, cemento, tabaco y alcohol y en general todos los negocios que venden material para la construcción.

De acuerdo con informes realizados por grupos empresariales de estos rubros, tan solo en el centro del país, al menos 35 establecimientos han tenido que cerrar de forma definitiva por ser víctimas de esta serie de delitos que afecta las operaciones y ponen en riesgo la vida tanto de los dueños de los negocios como de los empleados.

Pese a que el gobierno federal admite el incremento del delito de la extorsión en más del 26 por ciento desde 2019, el fortalecimiento del crimen organizado no únicamente comete este ilícito que arriesga la generación de empleos por las altas cuotas que exige, sino que genera un ambiente de inseguridad en el que los ciudadanos y empresarios temen seguir viviendo.

De acuerdo con los datos, la tendencia que han observado empresarios reflejan la diversificación del crimen organizado de áreas de donde obtienen sus ingresos, pues de tener operaciones en un solo estado en 2020, el Estado de México, en cinco años, 2025, ahora han pasado a tener actividades ilícitas en cuatro entidades: Estado de México, Guerrero, Morelos y Michoacán.

Por ejemplo: de cinco municipios en los que operaban actividades de “centralización de materiales de la construcción” en 2020, pasaron en 2025 a controlar 72 municipios de las cuatro entidades, pero ya operando tres modalidades de extorsión y afectación a la cadena de suministro: la ‘centralización de materiales (para que únicamente unos negocios puedan vender el material), el ‘cobro de cuotas’ y el ‘robo y quema de unidades’.

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Se tiene registro que los municipios de Guerrero que enfrentan un clima de ‘centralización de materiales’ son los ubicados en la región ‘Tierra Caliente’: Ajuchitlán del Progreso; Arcelia, San Miguel Totolapan; Tlalchapa y Amacuzac, precisamente los que colindan con el Estado de México y Michoacán. En tanto que en el Estado de México los municipios en los que opera el mismo mecanismo son 33, y en Morelos únicamente dos.

Sin embargo, las localidades afectadas por el esquema de ‘pago de cuotas’ la localización de las demarcaciones cambia un poco. En el caso de Guerrero esta se concentra en la zona de Tierra Caliente, pero también de la Costa Grande; en el caso de Michoacán se va más hacia la purépecha de Cherán, Zamora, Tepalcatepec, Huetámo, Ocampo y Buenavista, entre otras. Por su parte, Morelos sigue manteniendo los mismos dos municipios: Amacuzac y Puente de Ixtla.

En datos duros, la comisión de estos delitos impacta de forma importante el desarrollo y operación de los negocios que limitan su permanencia. Tan solo por la ‘centralización de materiales’ presente en 42 municipios de tres estados: Guerrero, Morelos y Estado de México, existe una pérdida por 33 millones de pesos de utilidad mensual y la imposición de un sobreprecio de hasta 650 pesos por tonelada de cemento que el cliente final tiene que pagar.

En el esquema de ‘pago de cuota’ que operan en 23 municipios de tres estados del centro del país. Guerrero, Morelos y Estado de México, en promedio mensual se ven afectadas 22.6 toneladas de material en 16 puntos de venta en Guerrero donde cobran una cuota de alrededor de 500 pesos por tonelada de cemento; En Morelos donde hay 11 puntos de ventas afectados se cobra una cuota de entre 50 y 200 mil pesos mensuales por negocio. Y en Michoacán hay 11 puntos de venta afectado, pero no hay un registro exacto del monto exigido por el crimen organizado.

En el caso del robo y quema de unidades, una de las medidas usadas por los criminales para presionar a los empresarios, se presenta en 18 municipios de Michoacán, donde alrededor de 11.5 toneladas de material en el primer trimestre de 2025 se han visto afectadas.

En general, el propio gobierno, a través de las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señala que a nivel nacional en tan solo los primeros cuatro meses de 2025 (de enero a mayo) se han registrado 4 mil 588 casos de extorsión en sus diferentes modalidades; 56 mil 226 denuncias por daño a la propiedad; 2 mil 653 robos a transportistas, y 28 mil 457 carpetas de investigación iniciadas por robo a negocios.

Ante este clima de incremento de la extorsión, el gobierno de la República, a través del gabinete de seguridad federal, anunció este domingo 6 de julio la “Estrategia Nacional Antiextorsión” con la que buscan combatir de raíz este delito. Esto dos días antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente y firme —este martes 8 de julio— una iniciativa que enviará al Congreso para reforzar el combate al “único delito” que sostiene no han logrado disminuir.