Gabinete de Seguridad presenta estrategia contra la extorsión

El Gabinete de Seguridad de México presentó este domingo la estrategia contra la extorsión, mediante la cual buscará aportar desde la federación al combate a este delito. No obstante, se descartó la posibilidad de una reforma para que este tipo de crimen pase a ser atendido solo por autoridades federales y se le quite responsabilidad a los estatales.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, apuntó que la estrategia contra la extorsión constará de cinco ejes de acción principales: 1) detenciones mediante investigación e inteligencia; 2) trabajo coordinado y estrecho con las unidades antiextorsión de las fiscalías locales; 3) aplicación del protocolo de atención a víctimas; 4) implementación del número 089 para denunciar el delito y capacitación de operadores en manejo de crisis y negociación; e 5) implementación de campaña de prevención a nivel nacional mediante spots.

Asimismo, apuntó que las tareas serán reforzadas con la participación de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobros de extorsiones. Agregó que se solicitarán órdenes judiciales con el objetivo del bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión y aumentarán los operativos para asegurar equipos telefónicos en manos de internos de los penales.

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Enseguida, detalló que el 66% de las extorsiones a nivel nacional se concentran en Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Debido a eso, anunció que en esas entidades federativas habrá una atención prioritaria, multidisciplinaria y con equipos de trabajo especializados.

Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que las extorsiones han ido creciendo en el país, principalmente de dos maneras: la telefónica y el «derecho de piso». Sobre las primeras, mencionó que las llamadas suelen hacerse principalmente desde cárceles locales o federales; en tanto, indicó que se tienen identificados también los municipios y carreteras donde se concentran el delito en la segunda modalidad señalada.

El funcionario expuso que si bien el marco legal establece que este es un delito del «fuero común», es decir, que le corresponde a los estados atenderlo, la presidenta Claudia Sheinbaum quiere que proteger a la ciudadanía de este. Por eso, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las Fuerzas Armadas se coordinarán para cooperar en su combate buscando desde qué centros penitenciarios se cometen los ilícitos y presentando las denuncias necesarias.

«El este delito el delito de extorsión que actualmente es un delito del fuero común salvo cuando hay excepciones de carácter federal. Puede ser ampliado de tal manera de que no se pierda la responsabilidad de las autoridades municipales y locales y haya una instancia federal que pueda intervenir en el caso de que no se haya cumplido con la obligación frente a la víctima y frente a la sociedad», agregó al ser cuestionado sobre la posibilidad de una reforma al tipo penal.