Crece violación a derechos humanos, alerta reporte de HRW

La organización internacional Human Right Watch (HRW. Vigilancia de los Derechos Humanos) en su informe del 2017 para México, señala se han incrementado en México la violencia militar, así como la tortura y violaciones a los derechos humanos.

HRW apunta que durante el mandato de Enrique Peña Nieto, el combate al narcotráfico ha implicado serias violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran: la tortura, las desapariciones forzadas, la supresión de las garantías individuales, la militarización de la seguridad pública, así como los crímenes en contra de periodistas.

Desapariciones forzadas

La organización internacional apunta a que hasta agosto del 2017 existían 32 mil «desaparaciones» sin resolverse en nuestro país; señala, por demás, a la ineficiencia de los cuerpos de seguridad para resolver los hechos, así como para preservar la paz.

Subraya que en 2013 se creó la Fiscalía Especial Federal para resolver y acabar con las desapariciones, pero no causó un impacto significativo para eliminar este fenómeno.

Condena también la deficiencia del gobierno para aclarar la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapan aunque, recalca, ya se hayan identificado los restos de uno de ellos.

HRW enfatiza que la Procuraduria General de la República ha fallado en hacer investigaciones precisas y de fondo a pesar del acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), así como hacer caso omiso del Grupo Independiente de Expertos Interdiscipliarios (GIEI) que demandaba la resolución del hecho.

En 2016, un reporte interno de la PGR consignó que, respecto a Ayotzinapa, se había roto la Ley, pues se había incurrido en detenciones arbitrarias y se había obtenido confesiones de los sospechosos con base en torturas.

Asesinatos extrajudiciales

Los homicidios extrajudiciales, según la organización, representan un factor alarmante en la realidad mexicana; fuerzas armadas o policiales que ejercen la justicia sin los debidos procesos pertinentes.

Según un reporte de la ONU de 2014, las fuerzas de seguridad mexicana tienen «un índice de crecimiento alarmante» en materia de asesinatos extrajudiciales, siendo promovidos por una «sistemática y local impunidad» de parte de los perpetuadores.

Tan sólo en el último sexenio, el de Enrique Peña Nieto, se han reportado más de 20 mil denuncias ante la CNDH por abuso de fuerza.

Como ejemplo citan el caso de Tanhuato, Michoacán; donde la policía federal asesinó sin pruebas y de manera arbitraria a 22 de los 42 civiles fallecidos durante un enfrentamiento.

Abusos militares e impunidad

México, apunta el reporte, ha confiado fuertemente en las fuerzas militares para implementar el orden en contra de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado; ello, señala, ha causado la proliferación de la violencia y las violaciones a los derechos humanos por parte de la milicia.

El gobierno “se mantiene inmutable ante los hechos y parece promoverlos indirectamente”.

Por ejemplo, apunta en el reporte, en mayo de 2016 se implementó un Código Militar de Proceso Criminal que le concede a los militares y al Poder Judicial poderes para catear edificios públicos y viviendas, para interferir telecomunicaciones privadas, todo sin la necesidad de una orden judicial.

Respecto a lo anterior, la CNDH emitió una queja de inconstitucionalidad al respecto que aún no ha sido resuelta; se encuentra pendiente.

La tortura, dice, parece ser el único medio existente para obtener confesiones, información o testimonios. Retoma datos del INEGI y declara que de los 64 mil reos existentes en 2016 en el país, 57% reportaron haber sido torturados en por lo menos un momento de su encarcelamiento.

Asimismo, indica, que la Ley de Seguridad Interior es una propuesta legislativa para otorgar jurisdicción «doméstica» al ejército; sin embargo, puntualizan que la ley carece de una medida significativa para la rendición de cuentas de parte del ejército.

(Nota de la Redacción: la ley ya fue aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Peña Nieto; ha sido recurrido ante la Corte por varias instancias, entre ellas, Diputados y el Senado.)

La Ley propuesta podría, por lo tanto, devenir en un crecimiento en materia de tortura e impunidad por parte del ejército.

Hasta junio de 2017, existían 4 mil 390 investigaciones en curso en las cuales se alegaba tortura

Asimismo, tan solo desde septiembre del 2016 a junio del 2017 las cortes mexicanas habían apenas ordenado 750 investigaciones criminales concretas a partir de los alegatos de tortura.