Con reclusorios, Calderón adquirió deuda por 266.3 mil mdp hasta 2037

Contratando apenas ocho reclusorios privados, el gobierno de Felipe Calderón dejó una deuda estimada de 266 mil 300 millones de pesos que terminará de ser pagada hasta el año 2037. Informaron el presidente Andrés Manuel López Obrador; su consejero jurídico, Julio Scherer; y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Adelantando que se buscará diálogo con los proveedores, así como que se aplicará una demanda civil.

Durante la conferencia matutina del primer mandatario, la secretaria Rodríguez informó que, desde 2010 y 2011 existen ocho convenios para contratar reclusorios privados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Coahuila y el femenil de Morelos. Desde entonces, se ha pagado “un total de 75 mil 661 millones de pesos y es correspondiente a solamente el 36% del pago total”, expuso la titular de la SSPC.

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“Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 196 mil 638 millones de pesos que, en algunos penales, corresponderá hasta el 2032 y en otros hasta 2036 o 2037. Se hace un costo total aproximado de 266 mil 300 millones, esto significa que serán tomados en cuenta los índices de precios que se manejan para los siguientes años”, aclaró Rodríguez. De los 22 mil 776 millones que el gobierno ejerció en reclusorios en 2020, el 68.3% fue para este gasto, añadió

Rodríguez enfatizó que “la firma de estos convenios tuvo lugar en la época del entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna”. Siendo suscritos por Gonzalo Villareal, coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y sus directores Arturo Sosa, de administración, y Marco Villareal, de adquisiciones.

Al 11 de enero pasado había un total de 12 mil 284 personas privadas de su libertad. Siendo el de Sonora, a 78 por ciento de su capacidad con 1975 reclusos, el más saturado. Mientras que el femenil de Morelos opera al 32%, con tan solo 809 internas. Lo que significa que, en 2020, el gasto promedio por PPL es de un millón 375 mil 64 pesos, 114 mil 588 al mes y 3 mil 819 diarios. En los reclusorios operados en la Ciudad de México, en contraste, solo se invierten 500 pesos al día.

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López Obrador señalo que, “obviamente, aquí hubo abusos de todo tipo. Los beneficiarios de estos contratos, muy vinculados al poder, me reservo los nombres a no ser que me lo pida el INAI. Son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas”. Anunciando que se buscará a estos proveedores para llegar a un acuerdo en favor de la Hacienda pública y, en paralelo, se iniciará una demanda civil para cancelar los contratos en caso de que no haya disposición para este arreglo.

Mientras que Scherer Ibarra señaló que la cláusula dos de los contratos establece que la operación y seguridad de cada reclusorio corresponde a la SSPC, mientras que la empresa desarrolladora solo brindará condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares. Mientras que la tercera marca que los pagos serán desde la fecha de inicio hasta la terminación del contrato, cuando se tendrá que subsanar la deuda al 100%, aunque no haya internos.

Lo que se complementa con la cláusula cuatro, que determina la vigencia del contrato por 22 años y la etapa de prestación de servicios por un periodo no menor a 20 años. Al concluir esta vigencia, lee la cláusula nueve, todos los inmuebles e instalaciones permanecerán como propiedad del proveedor, no del gobierno, o bien podrán ser objetos de un nuevo contrato. Por lo que López Obrador sentenció que “privatización sinónimo de corrupción”.

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