CIDH reconoce avances de México contra las desapariciones, pero advierte retos en la efectividad de la normativa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el nuevo Informe sobre desapariciones en México en el cual reconoce que hay avances normativos. Sin embargo, advierte que todavía hay desafíos a la hora de hacer valer la norma, pues aún hay casos de complicidad estatal, subregistro en algunas áreas y malas prácticas.

La comisionada y relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, informó que actualmente México reporta más de 133 mil registros de personas desaparecidas. Destacó que, tras una política incierta contra el fenómeno, a partir de 2018 existe reconocimiento al más alto nivel de la magnitud del problema.

Destacó que ahora hay normas y protocolos para atender las desapariciones, así como autoridades con responsabilidad identificable en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, consideró que lo que enfrenta México ahora es garantizar la eficacia de esas nuevas reglas administrativas. Apuntó que si bien los móviles y perpetradores han cambiado, la crueldad se mantiene.

La funcionaria internacional expresó que el informe de la comisión establece claramente que el rol del crimen organizado es predominante en la comisión del delito. No obstante, advirtió que lamentablemente todavía hay casos donde hay agentes estatales –en su mayoría estaduales y municipales– involucrados, así como otros cometidos por grupos “no estatales” que operan bajo la autorización del Estado.

La representante de la CIDH llamó al Estado mexicano a reforzar las obligaciones internacionales de proteger la vida y la integridad de personas en su jurisdicción ante la operación del crimen organizado, así como fortalecer medidas para identificar, erradicar y neutralizar la infiltración de este en órganos administrativos, judiciales y de seguridad.

La comisionada planteó que las desapariciones son un fenómeno indiscriminado que puede afectar a cualquier persona, incluso a familias enteras. No obstante, precisó que hay una alta concentración de casos que involucran a hombres jóvenes, así como afectaciones desproporcionadas contra niñas y adolescentes.

Sobre la desaparición de mujeres y niñas, expuso que suele haber un vínculo estrecho con trata de personas y que suelen ser atraídas por los agresores a través de engaños y redes sociales. Asimismo, alertó que ha documentado respuestas estatales tardías y atravesadas por estereotipos que obstaculizan la búsqueda inmediata.

Enseguida, planteó que el informe da cuenta del reclutamiento de niños, jóvenes y adolescentes por grupos criminales y la relación de ello con las desapariciones. Consideró que tal problemática debe abordarse con urgencia y un enfoque especializado; destacó que algunos sobrevivientes reportan que fueron utilizados como sicarios, mensajeros o para actividades relacionadas con la preparación de estupefacientes.

Respecto a la desaparición de personas migrantes, Andrea Pochak puso sobre aviso a las autoridades nacionales al afirmar que hay un subregistro “preocupante” del fenómeno. Dijo que hay frecuentes secuestros en ruta y privaciones de la libertad que no son registradas debidamente; ante ello, exigió la instauración de la búsqueda e investigación transnacional. Adicionalmente, dijo tener pruebas de entregas fraudulentas, equivocadas o incompletas de cuerpos de personas migrantes a sus familias en países de origen.

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La relatora manifestó que también hay documentación de ataques contra periodistas y defensores de derechos indígenas, migrantes o defensa del medioambiente.

Finalmente, en materia de prevención, valoró que la reciente estrategia de atención a las desapariciones contemple la atención a las causas de su comisión. Pese a ello, opinó que faltan medidas concretas, verificables y evaluables que permitan reducir el riesgo de desaparición. En tanto, sobre las madres buscadoras, recordó al gobierno que la investigación del paradero de las personas es un deber del Estado que no debe recaer en las familias.