CDHCM pide apertura al escrutinio tras informe de ONU sobre desapariciones forzadas en México

La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM) pidió apertura al escrutinio y la cooperación técnica con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la petición de un comité de llevar a la Asamblea General la discusión sobre el escenario de México en materia de desapariciones forzadas.

A través de un comunicado, la CDHCM declaró que el contexto de las desapariciones forzadas en México requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como de mecanismos del sistema internacional de derechos humanos. Al respecto, argumentó que durante décadas estos han acompañado la agenda de derechos humanos mexicana con valiosos aportes para la búsqueda, la verdad, la justicia y la reparación.

“El llamado del CED abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección”, mencionó.

La comisión presidida por María Dolores González Saravia Calderón dijo que valora la oportunidad que se abre ante la posición de la CED para encauzar una política integral de Estado que provea soluciones a la desaparición forzada. Explicó que estas deben ser viables y contar con un enfoque de derechos humanos; en ese sentido, afirmó tener el compromiso de fortalecer las capacidades institucionales atendiendo las causas estructurales del problema.

Si bien recordó que el Estado mexicano ya contestó que el comité no tomó en cuenta las acciones implementadas en años recientes para enfrentar integralmente la desaparición forzada, aceptó que existe una crisis en la materia que representa un desafío urgente. Apuntó que se trata de una de sus agendas centrales y reconoció su gravedad, pues genera afectaciones individuales, familiares y sociales que ocasiona, además de evidenciar la necesidad de que el Estado garantice los derechos de las víctimas.

Finalmente, consideró que el panorama actual plantea la necesidad de fortalecer una respuesta pública integral, articulada y sostenida, que convoque todas las capacidades y recursos disponibles. Asimismo, opinó que la respuesta debe partir de una visión sistémica y la articulación efectiva entre los ámbitos local y nacional, además de reconocer los actores, contextos y dinámicas que intervienen.