Nación

«Bonilla corrompió a panistas para violar Constitución»: líder de AN en BC

12 julio, 2019

Por

El PAN en Baja California ya le solicitó al Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Marko Cortés que interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por “la violación a la Constitución” de esa entidad cuyo Congreso amplió el periodo de la gubernatura de dos a cinco años, informó José Luis Ovando, dirigente estatal del blanquiazul.

Ovando acusó directamente al gobernador electo Jaime Bonilla de ser un “corruptor” de legisladores para que violaran la Constitución de Baja California.

El 8 de julio, el Congreso de Baja California, con 21 votos a favor de los 22 diputados presentes, aprobó la iniciativa de reforma del artículo octavo transitorio de la Constitución para ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, que inicia en el mes de noviembre.

Lo increíble es que el PAN siendo el grupo mayoritario, vio como nueve de los suyos se sumaron al apoyo de la iniciativa del diputado de Morena, Víctor Morán. El blanquiazul ya determinó expulsar a los siete diputados que dieron el voto, porque los otros dos son externos.

Baja California era para el panismo una bandera, por ser la primera gubernatura que ganaron, en 1989. A lo largo de 30 años en el poder, los objetivos del panismo cambiaron y sin ningún tipo de competencia perdieron la elección frente a Morena y Jaime Bonilla como candidato, que aún traían el impulso de la fuerza electoral de 2018 con Andrés Manuel López Obrador.

El diputado del PRI Benjamín Macías denunció públicamente que la compra de votos en el Congreso era por un millón de dólares; lo cual despertó las alertas sobre todo cuando salió la aprobación de la reforma constitucional. Por la mañana del lunes en el Hotel Real Inn se hizo la operación política, que al parecer fue efectiva, porque sólo hubo un diputado que se opuso, el panista Miguel Antonio Osuna.

Votos en venta
El dirigente estatal del PAN, José Luis Ovando confía en que la Corte pueda restaurar la legalidad, porque hay un precedente en el caso de Veracruz y anticipa que presentarán las denuncias penales para que se investigue la compra de votos.

“Fueron 21 diputados de todos los partidos los que aprobaron, vamos a presentar una denuncia de carácter penal para que la Fiscalía Anticorrupción investigue las cuentas y movimientos de los involucrados”.

Ovando no quiere cargar con la responsabilidad de los diputados panistas que aceptaron acompañar a Morena en esta reforma. Ante la posible venta de su voto, pide que cada quien responda por sus actos.

“Estamos frente a un caso de traición y posible corrupción. El agente corruptor es Jaime Bonilla, que durante meses ha estado corrompiendo al tribunal electoral local, hasta que lo logró; de los diputados quien se dejó corromper o traiciona sus principios tendrá que responder y poner la cara”, explica.

En dos ocasiones el tribunal electoral local abrió la posibilidad de ampliar el periodo de dos años de gobierno. La primera que interpuso el recurso para proteger sus derechos políticos fue Blanca Esthela Favela, casualmente esposa del diputado Víctor Morán, y la segunda fue de Jaime Bonilla; pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenó los intentos. El 29 de mayo la sala superior ratificó la disposición constitucional de dos años.

El diputado Miguel Osuna, el único voto discordante en la sesión del lunes en el Congreso de Baja California, explica que es muy lamentable la situación, porque se atropelló una elección libre, la gente votó el 2 de junio por un gobierno que estaría en funciones dos años y no pueden hacer retroactiva la reforma.

Cuando se le pregunta sobre qué le pasó a sus compañeros legisladores, Osuna Millán, dice que es complicado hacer el papel de juez y adivino, así que prefiere hablar de su experiencia.

“Hubo invitaciones y las escuché con toda paciencia, respeto, amabilidad, se trató de transitar durante cuatro o cinco meses en un par de ocasiones y no trascendió. Yo agradecí las invitaciones, no debatí los argumentos, no soy quien para juzgar”.

La XXII Legislatura del Congreso de Baja California que hizo esta controvertida reforma concluirá su periodo el 31 de julio, era una mayoría panista que al final cambió, pero la XXIII tendrá una mayoría de Morena y aliados, juntos suman 18 de las 25 curules, eso le facilitará el trabajo al próximo gobernador

Osuna Millán insiste en que Baja California es “cuna de la democracia” y como ciudadano anuncia que continuará trabajando para reedificar al PAN, “quien esté por intereses personales poco tendrá que obtener, con menos panistas vamos a dar la batalla para obtener de nueva cuenta la confianza de la ciudadanía”.

Azules con piel Morena
Un operador que se encargó de convencer a los panistas fue el diputado local Carlos Torres, que en breve será el esposo de la presidenta municipal de Mexicali, la morenista Marina del Pilar Ávila.

Torres fue dirigente nacional de los jóvenes panistas, había sido legislador, creció como político bajo el respaldo que le dieron Felipe Calderón y Margarita Zavala, quienes incluso fueron testigos en su primer matrimonio.

Se casa por segunda vez, ahora con una política que ha tenido un crecimiento importante en poco tiempo: formó parte de la actual Legislatura en la Cámara de Diputados, cercana al grupo del coordinador Mario Delgado, sin pena ni gloria salió de San Lázaro para contender por la presidencia municipal de Mexicali y ganó.

José Luis Ovando comenta que no vio antecedentes por parte de Carlos Torres que los hicieran pensar que “iban a traicionar la confianza de los bajacalifornianos”.

El gobernador electo Jaime Bonilla se ha tratado de deslindar de la responsabilidad, pero el caso ya rebasó la frontera estatal, para convertirse en un escándalo nacional.