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Nación

Aumentan catálogo de delitos con prisión preventiva

Prisión preventiva
Foto: Cuartoscuro

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la tarde de este jueves reformar el artículo 19 constitucional para aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con esta medida, se argumenta, se combatirá la impunidad y la comisión de nuevos delitos que son considerados graves por sus altos costos económicos y sociales.

El dictamen de reforma gozó de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, al ser aprobado por 91 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones en la Cámara Alta. Así, lo celebró, por ejemplo, el senador petista Alejandro González Yáñez, quien aseguró que el principal problema de México es la impunidad, atajado con esta medida.

Al catálogo se añadieron los delitos de corrupción, robo de hidrocarburos o “huachicoleo”, abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga, delitos en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; en los cuales, el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva hasta por dos años.

Sin embargo, no todas las voces fueron halagüeñas. El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, afirmó que 100 mil mexicanos están en la cárcel sin recibir alguna sentencia por la prisión preventiva oficiosa. Consideró que en lugar de ampliar los alcances de este figura, debería eliminarse, pues “funciona para no investigar” y se trata de una forma de presión para obligar a los acusados a aceptar los delitos imputados “es tortura, detención arbitraria y puede resultar en desaparición (de personas)”

De igual forma, Verónica Camino Farjat, del PVEM, señaló que la ampliación del catálogo no es la solución adecuada al problema de la delincuencia. En cambio se debe priorizar la prevención social, así como profesionalizar a los integrantes del los ministerios públicos y el poder judicial.

Ante las inquietudes de algunos parlamentarios, el senador de Morena José Antonio Álvarez Lima aseguró que se “analizará la continuidad de la medida en los próximos cinco años, y antes de que concluya nuestra Legislatura, tomando en cuenta los diagnósticos e informes en materia de incidencia delictiva y de seguridad pública elaborados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El dictamen fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación final.

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