Atienden Segob, STPS y SE 6 conflictos mineros: Sánchez Cordero

Las secretarías de Gobernación (Segob), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la de Economía (SE) atienden y sirven de facilitadoras del diálogo en 6 conflictos mineros, según dio a conocer por la mañana Olga Sánchez Cordero.

La titular de la Segob comentó que estas tres secretarías atienden actualmente 6 conflictos mineros en Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro. El objetivo de estas gestiones, aseguró, es lograr acuerdos consensuados en beneficio de todas las partes interesadas.

Sánchez Cordero abordó los trabajos en la disputa que se vive en la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa. Detalló que desde enero de 2020 una disputa surgió entre organizaciones sindicales por la titularidad de un contrato colectivo de trabajo; de febrero a agosto del año pasado, las secretarías realizaron acciones tendientes a acercar posiciones entre los interesados.

Fue hasta el 17 de septiembre de 2020 cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje hizo un recuento para definir la titularidad de contrato colectivo, reconociendo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana como el beneficiario. De esta decisión se derivaron 2 juicios de amparo, por lo que el contrato está aún en tribunales. Ante la situación, Olga Sánchez Cordero solicitó que se resuelvan a la brevedad posible estos recursos para tener certeza de cómo proceder.

La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, habló sobre el conflicto de la mina de Cananea, Sonora. El problema se originó por la privatización de la mina de 1990, cuando se acordó que para terminar con las relaciones laborales se otorgaría el 5% del equivalente de las acciones de la mina. Esto recursos ascendieron a 54 millones 84 mil dólares americanos y no fueron entregados hasta 14 años después.

La entrega del dinero desató inconformidades entre los trabajadores, quienes dijeron tener derecho a una parte proporcional y no recibieron sus pagos; otros dijeron aseguraron haber recibido pagos incompletos; y algunos sindicatos sostuvieron que debían ser parte quienes tenían acceso al monto.

En 2005, casi 6 mil 400 trabajadores interpusieron sus demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje federal; no obstante, fue entre 2012 y 2018 cuando se emitieron los lauros donde los tribunales definieron quiénes son los trabajadores que tienen derecho a dichas reclamaciones.

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En la última resolución de amparo, el tribunal ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitir un tercer laudo con directrices para condenar al sindicato, y en otros para absolverlo de juicios, en donde las y los trabajadores no habían acreditado su derecho.

Así, el pasado 7 de abril, la Junta absolvió en expedientes al sindicato de las prestaciones que le fueron reclamadas, y en seis de los expedientes se condena al sindicato minero para hacer efectivo el derecho de la distribución proporcional de 54 millones de dólares que involucra a 708 trabajadores y a 389 para el pago de las diferencias pendientes.

Como en el caso anterior, esto provocó que 6 recursos de amparo: cuatro de ellos representan a 462 trabajadores inconformes; 1 es del Sindicato Minero; y uno de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato.