Arrancan diputados discusión sobre desafuero de García Cabeza de Vaca

Arrancó ya este viernes la discusión en la Cámara de Diputados para decidir si el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es desaforado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

A la sesión acudió la representante de la Fiscalía General de la República, Elizabeth Alcantar Cruz y Alonso Aguilar Zinser, abogado defensor del gobernador, quienes expusieron sus alegatos sobre la situación de García Cabeza de Vaca.

Entre los argumentos presentados por la FGR, Alcantar Cruz expuso que el gobernador en 2019 recibió una cantidad de 36 millones 861 mil 613 pesos a través del método de pago SPEI, y un cheque con valor de 5 millones 252 mil 231 pesos provenientes de la compañía T612 y resaltó que en las indagatorias, los recursos obtenidos por García Cabeza de Vaca fueron dispersados a través del sistema financiero con el objetivo de dificultar su rastreo y dar la apariencia de legalidad, con indicios fundados de que la empresa mencionada es una fachada dado que no se localizó el domicilio fiscal y no reportó ingresos ni personal ante las autoridades desde su creación en 2014 hasta el 2019.

Por su parte, el abogado Aguilar Zinser aseguró que no hay prueba alguna que vincule al gobernador con actividades de delincuencia organizada, y menos aún su conexión con bandas de narcotráfico, y que por el contrario, se vulneró su derecho constitucional a la presunción de inocencia.

La defensa de García Cabeza de Vaca incluso hizo mención de las declaraciones del titular de la unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que durante su ponencia ante la Sección Instructora que la información no constituía una prueba, y llamó a la fiscalía corroborar esos datos, por lo que descalificó todo lo integrado en la carpeta de investigación, relacionado con la delincuencia organizada y narcotráfico.

No obstante, Alonso Aguilar señaló que el delito que sí está comprobado es el de defraudación fiscal equiparada por omitir pago de impuestos en 2019 donde no hizo el pago a la hacienda pública de 6 millones 511 mil 777 pesos, lo cual causó un perjuicio al fisco federal.

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