Aprueba Cámara de Diputados nueva ley contra la extorsión

La Cámara de Diputados avaló mayoritariamente la creación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política. Con ello, culminó el proceso legislativo relacionado a esta y se envió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante la sesión vespertina de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, ordenó consultar en votación económica si se consideraba la minuta de la nueva ley contra la extorsión como asunto de «urgente resolución». Ante la instrucción de la diputada panista, la mayoría de los legisladores presentes en el pleno manifestaron su voto a favor, de modo que inició la discusión del tema en lo general.

La totalidad de los partidos políticos se manifestó a favor del dictamen. Juan Ignacio Sampario Montaño, de Movimiento Ciudadano, apuntó que esta reforma marcará un punto de inflexión en materia de seguridad, dado que se terminará la impunidad para los extorsionadores. Destacó que servirá para que la justicia se aplique con la misma fuerza y rigor a estos sin importar en qué entidad delincan.

Por su parte, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que el Senado volvió a corregir a diputados oficialistas al rectificar el artículo 17, fracción V, para dejar claro que serán el uso de servicios de telefonía y sistemas de telecomunicaciones los que se consideren «agravantes» del delito. En tanto, indicó que también se estaban considerando las ideas panistas para establecer unidades especializadas, aumentar penas y pulir errores de redacción.

«En un sistema bicameral, en un sistema como el nuestro, revisar los actos de la colegisladora deberían ser algo normal y no tendría ni por qué ofender ni por qué incomodar a ningún legislador ni ufanarse, porque esto es el sistema bicamaral, las cámaras actúan como auténticas revisoras de los actos de la otra. Yo acepto la parte que me corresponde, porque debatí esa noche y lo hice con pasión, con lo que yo considero mi verdad.», contestó Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena.

En lo general, el dictamen fue aprobado con 450 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Tras una breve discusión en lo particular, con nuevos intentos de ajustes, se terminó avalando en lo particular con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención

¿Qué dice la nueva ley contra la extorsión?

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión inicia precisando que corresponderá a los tres órdenes de gobierno su aplicación, en sus respectivas competencias. Asimismo, establece que el delito de extorsión y otros vinculados al mismo, previstos en esta normatividad, se investigarán y perseguirán de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia.

En esta, se define que comete extorsión quien «sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico». En tanto, especifica que esta conducta recibirá como castigo de 15 a 25 años de prisión, así como una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Por otra parte, en el artículo 16, prevé aumentos de cuatro a ocho años de prisión cuando el sujeto activo manifieste su pretensión de obtener un beneficio en especie, dinero o bienes; se cometa contra quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos y privados; el sujeto activo, por sí o en representación de alguna agrupación, coaccione a la víctima para que contrate, obtenga o adquiera de otra persona insumos para el desarrollo de su actividad comercial; imponga a la víctima el precio de lo que comercializa; y la víctima se vea obligada a celebrar un acto jurídico independientemente de su objeto.

Se aplicará lo mismo cuando se exija que el beneficio económico o lucro indebido, sea depositado o transferido mediante uso del sistema bancario o financiero; se emplee a un tercero sin que tenga conocimiento del hecho delictivo, se utilice a dependencias o entidades de la administración pública para coaccionar o presionar para realizar prácticas que no permita el libre consumo de bienes; o la conducta sea cometida en contra de alguna persona candidata a un cargo de elección popular o cuando sea electa

Mientras tanto, en el artículo 17 se estableció que habrá aumentos de pena de 5 a 12 años de prisión cuando el delito sea cometido en contra de personas migrantes; de menores de edad, personas embarazadas y mayores se 60 años de edad; haya una relación de confianza, laboral, parentesco o de negocios; se utilice información privada de la víctima o de sus familiares; se usen dispositivos, medios, servicios o plataformas a través de los cuales se puedan realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza; se utilice a un tercero para recibir alguna cantidad de dinero o beneficio en especie; se señale tener privada de la libertad a una persona, sin estarlo y exija un pago; y se empleen acciones fraudulentas, actos ilícitos o actos con finalidad ilícita.

Junto a eso, también se contempla, en el artículo 21, una pena de 10 a 20 años de prisión, así como multa de 200 a 400 UMAs, a servidores públicos que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de delitos, así como procuración de justicia o vigilancia de centros penitenciarios, no denuncie ante el Ministerio Público la comisión de delitos previstos en la ley.

Aunado a ello, en el artículo 13 se ordena la creación de unidades especializadas de atención a los delitos de extorsión en la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías o procuradurías locales. A la par, se coloca como obligación que haya ministerios públicos, policías y analistas capacitados y certificados en materia de extorsión.