Amarraron a concesionarios de cárceles a comprar insumos a un solo proveedor: AMLO

Los concesionarios de ocho cárceles en México acordaron beneficiar a un solo proveedor para las prisiones. Esto de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su último libro ‘A la mitad del camino’.

El mandatario mexicano cuenta en su libro que la primera tarea que encargó a Rosa Icela Rodríguez, como secretaria de Seguridad, fue revisar los contratos de prestación de servicios carcelarios. En específico, pidió ir a fondo en aquellos pertenecientes a ocho cárceles federales, cuyos convenios fueron firmados en 2010 por el gobierno de Felipe Calderón.

Como primer obstáculo, la secretaria se encontró con la negativa de Prevención y Readaptación Social para brindarle la información. De acuerdo con este órgano desconcentrado, los contratos eran un asunto de «seguridad nacional», por lo que no podría acceder a estos. Ante ello, informó de la situación al presidente, quien le insistió en que hiciera valer su autoridad como secretaria de Seguridad.

Tras esto, obtuvo la información y descubrió que los ocho reclusorios representaban 228 mil millones de pesos que el gobierno mexicano debía pagar a particulares durante casi dos décadas de concesión. Para evitar esto, se llamó a negociar a los titulares de las empresas a fin de no demandarlos y cancelarles los contratos.

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Como resultado, se pactó la continuidad de las concesiones de las prisiones mexicanas. Sin embargo, se obtuvo un descuento del 15% del pago que debía hacerse, equivalente a 41 mil 493 millones de pesos, y que estas instalaciones pasen a ser públicas al terminar la vigencia de los acuerdos.

Pese a ello, AMLO compartió en su libro que las investigaciones continúan, ya que los empresarios dieron a conocer que parte del negocio era favorecer una especie de «monopolio». López Obrador comentó que los concesionarios declararon que se hizo un compromiso no escrito para comprar a un solo proveedor todos los insumos que necesitaran para las cárceles.

Frente a esto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunció los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión del uso indebido de atribuciones en la contratación del servicio integral de capacidad penitenciaria.