De aprobarse la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Cámara de diputados, México estaría perdiendo al menos 44 mil millones de dólares en inversiones que hay en este momento en el país en el sector, advierte la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

El ICC señaló que la reforma eléctrica traerá como consecuencia un impacto importante a las empresas en las condiciones de competitividad, porque “se regresaría a un monopolio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en temas de generación y comercialización de energía eléctrica, lo que generaría un impacto en los costos de bienes y servicios de todos los sectores económicos”.

Los representantes de la ICC dijeron estar preocupados por el impacto que se tendrá en las cadenas de valor ante una posible cancelación de contratos. “[¿]qué pasará con el pago de las rentas, de las tierras, con los programas de beneficios compartidos que se acordaron con las comunidades para un desarrollo compartido[?]”, cuestionaron los empresarios.

Debido a lo anterior, anticiparon que las empresas recurrirán a acciones legales nacionales e internacionales en contra de la eventual reforma “por la clara antinomia e incongruencia que existe con diversos derechos fundamentales y principios constitucionales”.

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También, recordaron que se estarían violando instrumentos internacionales que fueron creados para evitar acciones arbitrarias de los Estados que afecten el comercio y las inversiones extranjeras, entre ellos destacan, el Trato Nacional, Nación Más Favorecida, Acceso a Mercados, Requisitos de Desempeño y Presencia Local, Asistencia No Comercial, Medidas Disconformes y Comercio Transfronterizo de Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados.

La Cámara alertó sobre posibles reclamos millonarios que harían los empresarios que han invertido en el país bajo otras reglas, y que México estaría obligado a pagar hasta 20 veces más sobre la inversión realizada por las firmas.

En ese sentido, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, ha dicho que el país no indemnizará a la iniciativa privada por suspender las operaciones de sus proyectos eléctricos, pese al cambio constitucional.

Ante todo ello, la ICC México hizo un llamado al Congreso de la Unión para no avalar la iniciativa de reforma constitucional enviada desde Palacio Nacional en sus condiciones originales, porque, afirma, significa no sólo una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a México la visión de modernidad que poco a poco se venía registrando en los más recientes años y en los cuales se habían sentado las bases para entrar al Primer Mundo en aspectos de manejo del medio ambiente.