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Nación

Admiten tortura en caso Atenco, pero deslindan a mandos

Foto: CUARTOSCURO

El gobierno mexicano aceptó su responsabilidad en el caso de tortura sexual contra 11 mujeres en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México.

El gobierno mexicano admitió la violencia ejercida por la policía contra los manifestantes, pero negó que hubiera una orden de parte de los mandos de torturar y abusar de los detenidos.

Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y representante del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ColDH), argumentó que el operativo no tenía como fin la detención y violación de los derechos humanos de las víctimas, sino el desbloqueo de una carretera federal y la liberación de los agentes que eran retenidos por los pobladores.

Mientras tanto, los representantes de las víctimas ante la Corte afirmaron que sí hubo conocimiento por parte de los comandantes sobre los abusos de los agentes y rechazaron que fueran acciones individuales, como declaró Miguel Ruiz.

Por otra parte, Ruiz Cabañas declaró que los daños a las víctimas ya habían sido reparados e inclusive pidió a la Corte que revisara dichas compensaciones.

Los representantes de las víctimas negaron que hubiese una reparación adecuada de los daños, pues “no ofreció justicia ni una investigación adecuada, lo cual habla de la falta de compromiso de encontrar a los culpables de estos delitos”.

Ruiz Cabañas defendió que las investigaciones han sido efectivas e imparciales. Los representantes de las agraviadas denunciaron que, hasta la fecha, no hay nadie procesado y la mayoría de los detenidos han sido liberados por errores en el proceso judicial.

El Fiscal General de Justicia del Estado de México declaró que “no se puede hablar de impunidad pues los procesos siguen abiertos a pesar de no haber condenado a ningún culpable.”

La ColDH advirtió al Estado mexicano respecto a obstáculos que se han enfrentado para brindar justicia, “pues no se entiende que haya transcurrido más de diez años sin sentencias”.

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