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Nación

Acusa Álvarez Icaza suspensión de servicios a víctimas por parte de la CEAV

Foto: Cuartoscuro

Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, emitió un posicionamiento luego de los distintos comentarios sobre el recorte al 75% de recursos presupuestales a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dada a conocer el pasado lunes, sin embargo, este asegura que desde el mes de diciembre pasado se han suspendido servicios que han desestabilizado a dicha institución.  

El senador Emilio Álvarez Icaza señaló que la CEAV es una institución que fue construida por víctimas y para víctimas, por lo que hoy representa el reconocimiento de una deuda del Estado mexicano con estas, las cuales se encuentran «infelizmente en aumento», ello debido la continuidad de asesinatos, ejecuciones, secuestros, amenazas y desplazamientos, 

El extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (ahora CDHCM) que si bien coincidía con lo declarado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario Alejandro Encinas, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, respecto a que el CEAV contaría con los recursos para atender a los familiares de las víctimas. 

Sin embargo, Álvarez Icaza señala, a partir de testimonios, que desde que Mara Gómez Pérez llegó a la CEAV en el mes de diciembre, esta institución ha suspendido servicios y apoyos, desestabilizando a la institución con acciones como el despido de asesores legales que acompañan a las víctimas y el recorte de recursos para traslados, la suspensión de apoyos en alimentación, alojamiento, servicios médicos, gastos funerarios, denunciando a la vez presuntas amenazas en las reuniones virtuales realizadas. 

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Esta interrupción de servicios y apoyos, menciona el senador, han obligado a litigar a las víctimas en contra de la institución que en el papel les debe garantizar una atención, ello a fin de que cumpla sus obligaciones mercadas en la Ley General de Víctimas, teniendo como respuesta la revictimización y criminalización, precisando que esto ha llegado al grado de «amenazarlas directamente de acciones penales contra víctimas y familiares, por ejemplo, quienes se mantienen en plantón en las afueras de la dependencia»  demandando ser atendidas. 

Finalmente, Emilio Álvarez Icaza concluye que ello es en parte debido a la falta de idoneidad para el cargo, considerando que lo antes mencionado es suficiente para considerar su remoción a fin de rectificar y garantizar los derechos de las víctimas. 

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