Tipifican en San Lázaro la violencia política de género

Esta vez, de manera unánime, las diputadas y diputados aprobaron un dictamen que reformó las leyes electorales, de la Fiscalía General de la República y para la vida libre de violencia a fin de tipificar la violencia política por razón de género a fin de que el siguiente proceso electoral sea más equitativo y menos violento contra las candidatas.

Con esta serie de reformas se establecerá que el INE deberá promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y tv durante los procesos electorales; y sancionará de acuerdo con la normatividad aplicable las conductas que constituyan violencia política en razón de género.

En cuanto a la conformación del pleno del INE, integrado por una presidencia y diez consejerías electorales, deberá garantizar el principio de paridad de género, recayendo la presidencia de manera alternada en una persona de sexo distinto una vez concluido el mandato correspondiente de la persona que ocupe el cargo.

Mientras tanto, el Consejo General del Instituto ordenará la suspensión de propaganda política que incluya contenidos que generen violencia política en razón de género.

En la cuestión político-electoral, se establece que las presidencias municipales, concejalías, regidurías y sindicaturas que la Ley determine deberá conformarse garantizando la paridad de género; de igual manera, los partidos o coaliciones deberán garantizarlo, colocando suplentes del mismo género que la persona propietaria de las candidaturas.

Para las elecciones de 2021, de ser aprobado el dictamen en sus términos por el Senado, los mexicanos estarían viendo por primera vez a los partidos colocando candidaturas a diputaciones locales y federales, senadurías y plantillas de ayuntamientos y alcaldías a fórmulas que procuren la paridad de género.

En el caso de las diputaciones federales, las listas de circunscripción electoral, dos de las cinco existentes deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género alternándose en cada periodo electivo, mientras que en el caso de las senadurías la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres.

Además, para evitar a las “juanitas”, se incluyó el que cunado se sustituya o renuncie la fórmula de candidaturas electas se sustituirá por otra del mismo género.

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Al interior de los partidos, se deberán crear los mecanismos necesarios para sancionar a los actos de violencia política de género, así como para incentivar la participación de las militantes, teniendo además la obligación de promover proteger y respetar sus derechos políticos. Asimismo, se buscará la igualdad de participación de mujeres y hombres en órganos internos de dirección y toma de decisiones.

En la legislación de delitos electorales, se aclaró que se impondrá una sanción que va de 50 a 300 días de multa y seis meses a dos años de prisión a quien al ejecutar los delitos previstos en ella provoque a su vez violencia política en razón de género.

Finalmente, se facultará a la FGR para crear la base estadística nacional de violencia política en razón de género y comisiones especiales para atender la violencia política en razón de género y tanto el Tribunal Electoral, sus salas regionales, la sala superior y la sala regional especializada deberán integrarse en estricto apego al principio de paridad de género