Cuestionan diputados a Sandoval por ’caso Bartlett’ y adjudicaciones directas

La secretaria Irma Eréndira Sandoval compareció este jueves en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En esta ocasión, la funcionaria federal fue abordada principalmente sobre acusaciones de corrupción varios, iniciando por el ‘caso Bartlett’, así como las compras públicas y las políticas de transparencia y sus equilibrios.

Desde casi el inicio de la comparecencia, la diputada Josefina Salazar, del PAN, acompañada de su bancada, subió a tribuna para preguntar por la supuesta adquisición de 25 casas, por 800 millones de pesos, de Manuel Bartlett, titular de la CFE. Esta dijo a Irma Eréndira Sandoval, que no queda clara la gestión del caso y que es necesario también que se aclare el supuesto nepotismo cuando sus familiares se encuentran con cargos públicos en la SCJN y el estado de Guerrero.

El tema también fue abordado por la perredista, Claudia Reyes Montiel, acusó que justificar las adquisiciones de Bartlett diciendo estas no contaban porque se hicieron cuando no era funcionario o que no había recursos en su contra también era corrupción.

Esta contestó a los cuestionamientos que en este gobierno «no hay intocables» las investigaciones que se requieran serán exhaustivas, apegadas a procedimientos y tiempos, sin embargo, insistió que no se puede acusar a nadie a priori ni perseguir a nadie como ocurría en el pasado bajo lógicas políticas porque ahora «no hay filias para proteger o escudar a nadie, no fobias en contra de funcionario, ciudadanos ni miembros de la sociedad civil».

Un segundo tema fue el de los «costos» de la austeridad. La diputada María Alemán Muñoz, del PRI, preguntó directamente cuáles fueron los impactos de la austeridad en los servicios prestados a la ciudadanía. Sandoval señaló que la austeridad en realidad es «reducir lo superfluo, pero robustecer el tema de la inversión pública», por lo que obedeciendo a nueva Ley Federal de Austeridad, los sujetos obligados de la administración no podrán afectar los derechos sociales de las y los mexicanos.

En cuanto a temas «metropolitanos», el diputado Ernesto Vargas, del PES, preguntó sobre avances en las investigaciones, actuaciones y decisiones del tren México-Toluca, recibiendo como respuesta que se acaba de concluir la auditoría de uno de los tres tramos que componen el proyecto por lo que se entregó la información documentación comprobatoria para que se atiendan las recomendaciones emitidas en los próximos días formalizando el inicio del seguimiento respectivo a estas observaciones para determinar lo procedente.

Más adelante, el diputado Juan Carlos Villareal Salazar, de Movimiento Ciudadano señaló que hasta el momento 78% de 28 mil 458 contratos para compras se han otorgado por adjudicación directa, a pesar de las licitación pública debería ser el mecanismo obligatorio, además cuestionar el trabajo de los últimos meses al permitir contratos de empresas anteriormente acusadas de vender libros a sobreprecios y exhortando a saber en qué van los casos de Lomedic y Solfran.

Esta defendió los contratos de las empresas acusadas afirmando que actualmente se han ahorrado 150 mil millones de pesos en compras por integrar mejores prácticas internacionales, además de que en el caso de los libros de texto se registraba un ahorro del 30% respecto a lo gastado el año pasado, por lo mencionar que el mismo presidente pidió a uno de sus amigos que desistiera de participar en las licitaciones para evitar malas interpretaciones.

Respecto al caso de Carlos Lomelí y sus dos empresas, la Irma Eréndira Sandoval dijo que estas últimas habían sido inhabilitadas 2 años y medio para evitar cualquier contrato por entidades de la administración federal, pero también para que en estados y municipios no se usen recursos federales para contratar alguna de sus servicios, castigo al que se le suman multas millonarias para resarcitorias.

Además, agregó que hoy se ha realizado una audiencia personal de Lomelí para continuar con las investigaciones.

La respuesta no fue bien recibida por Gloria Romero, legisladora del PAN, quien en su participación en tribuna criticó que Sandoval se refiriera a la adjudicación directa de contratos como «dos gramos de sal», dado que la Ley de Adquisiciones establece que este mecanismo no debería ser la normalidad como ocurre con proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía o la refinería en Dos Bocas.

La secretaria de la Función Pública no ahondó en lo anteriormente respondido, sino que prefirió atender las dudas sobre investigaciones de servidores acusados de algún acto de corrupción. Esta señaló que como muestra del trabajo se tienen procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo, advirtiendo que todo aquel que sea culpable o haya indicios de responsabilidad administrativa o penal será sancionado.

El diputado Fernández Noroña, del PT, defendió el «sobresaliente trabajo» que la secretaria habría venido realizando y acusando que las acusaciones contra Bartlett son una «campaña en su contra» por la reducción de costos en los gasoductos. Sin embargo, retomó el tema de la sesión para pedir a la funcionaria que se trabaje cuidando la labor de alcaldes y alcaldesas que ocupan recursos federales en gastos a su favor.

Irma Eréndira Sandoval, señaló que con el programa de protección y estímulo a alertadores internos contra la corrupción se otorga la confidencialidad, acompañamiento y rápida sanción, y que muchos empresarios habían sido víctimas de la corrupción por lo que ahora son un sector con el que la secretaría ha venido trabajando para terminar con esos vicios.

Ximena Puente de la Mora, diputada del PRI, preguntó el estado actual de la rendición de cuentas en el ámbito público, además de cómo esta obligación se equilibra con el derecho de la protección de datos personales. La ex académica recordó sus tiempos como investigadora al mencionar que ella misma comprende que las políticas de transparencia estaban enfocadas a las relaciones públicas y el dispendio administrativo, pero no al combate a la corrupción.

Ahora, dijo, se buscan nuevos formatos de las 3 de 3 que lleven un acento en la materia dado que se preguntaban las mismas cosas tanto a altos mandos como a soldados en un largo formato de 900 preguntas homologadas, teniendo colaboración de los otros poderes y representaciones del Sistema Nacional Anticorrupción para establecer los criterios para permitir la protección de datos personales e integridad de las familias de quienes deben presentar la declaración.

Entre los “olvidos” de la secretaria fue darle respuesta a la pregunta de si había denuncias en contra de Conrado García luego de que Sanjuana Martínez, titular de Notimex, denunciara a su llegada la existencia de corrupción en la agencia de noticias del estado mexicano. Además, aprovechó para preguntarle si sabía que tiene hoy laborando a dos personas extranjeras, un director y un adjunto, en el área de asuntos internacionales, algo que tampoco fue contestado.

Finalmente, la diputada priista Dulce María Sauri Riancho reprochó tanto a ella como a sus compañeros diputados dado que casi al finalizar el acto no se había tocado nada sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que aprovechó una contrarréplica para solicitar que posteriormente se informen las recomendaciones que el Comité Rector hizo durante el último año en materia de responsabilidades administrativas en órganos de fiscalización estatales.

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