CNDH pide a Sinaloa, Veracruz y Colima construir penales femeninos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo nuevas recomendaciones a los gobernadores de Sinaloa, Veracruz y Colima por las condiciones que padecen mujeres presas en centros mixtos, señalando la necesidad de penales femeninos.

Por medio de las recomendaciones 49/2019, 54/2019 y 58/2019, dirigidas respectivamente a los gobernadores de los estados de Sinaloa, Veracruz y Colima, la CNDH busca mejorar las condiciones en que se encuentran mujeres presas de esas entidades dado que visitas de personal de la Comisión constató que de manera inicial el que compartan espacio con hombres contraviene el artículo 18 constitucional que mandata lo referente a que las mujeres procesadas deben cumplir sus sentencias en lugares separados de los hombres.

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Además, la Comisión detalló que se encontraron carencias de personal médico y seguridad, así como de alimentación especializada para las personas menores de edad que viven con ellas, deficiencias en infraestructura, áreas médicas, comedores, cocinas, áreas deportivas, ludotecas, espacios de visita conyugal y falta de talleres, actividad cultural y recreativa.

En cuanto a calificaciones de los centros penitenciarios mixtos en el reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el promedio nacional fue de 5.98 calificación que únicamente superó el de Colima con 6.61; sin embargo, los penales mixtos de Veracruz y Sinaloa lograron una calificación de 5.62 y 5.87, respectivamente.

Dado el estado de las cosas, la CNDH consideró que a fin de mejorar las condiciones de las mujeres recluidas, en razón de su género para proporcionarles atención especializada, los gobernadores de Sinaloa, Veracruz y Colima deben realizar acciones para que la entidad respectiva cuente por lo menos con un centro de reclusión destinado únicamente para mujeres privadas de la libertad y asignar recursos presupuestales, materiales y humanos que permitan la organización y funcionamiento independiente de estos centros.

Igualmente, en las tres recomendaciones se indica que los gobiernos estatales deberán garantizar el derecho a la reinserción social de las mujeres presas mediante labores productivas, privilegiando el trabajo remunerado y su capacitación en actividades útiles para cuando obtengan su libertad.