Funcionarios y 50 empresas, investigadas por caso Rosario Robles

La investigación contra la exsecretaria Rosario Robles Berlanga se extiende a 50 empresas privadas y varios funcionarios públicos, confirmó Santiago Nieto Castillo. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también rechazó la versión de que el haber dado a conocer el procedimiento legal atentó contra el debido proceso, poniéndolo en riesgo, Asegurando que se trata de acceso a la información.

“Estamos, como instruyó el presidente, analizando en este momento la información que presentó el sistema financiero para efecto de poder colaborar en la investigación que tiene la Fiscalía General de la República y por supuesto proceder conforme a nuestras facultades legales”, dijo Nieto Castillo a su llegada a Palacio Nacional para una reunión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Nieto Castillo explicó que, como parte de estas investigaciones, se analiza una red que incluye tanto a funcionarios públicos como a, por lo menos, 50 empresas privadas. Aunque negó que se hayan congelado cuentas hasta este momento, también aseguró que el proceso seguirá hasta sus últimas consecuencias. Esto luego de que, por la mañana, el primer mandatario prometiera que la investigación abarcaría a todos los involucrados.

De igual manera, el titular de la UIF descartó la versión difundida por la misma Robles Berlanga sobre que el haber dado a conocer el oficio de la FGR viola el debido proceso. Calificando esto como un acto de derecho a la información porque “muchos tribunales internacionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte de México, han señalado que el derecho al honor y a la vida privada de los funcionarios públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción”.

Para preservar la secrecía de la investigación y evitar violentar el debido proceso, Nieto Castillo prefirió omitir datos como el número de funcionarios que estarían involucrados, si estos serían de primera línea del gobierno de Enrique Peña Nieto, las cantidades que se habrían manejado en estas transacciones y si también se evaluará a las universidades con las que Robles Berlanga habría desviado cifras multimillonarias durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social.

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