Nación
PAN pide a Sánchez Cordero aceptar su gestión para la “Ley Bonilla”
El PAN insiste en que el gobierno federal intervino en la aprobación de la reforma para ampliar el mandato de Jaime Bonilla de 2 a 5 años con la «Ley Bonilla». Esta vez, Marko Cortés acusó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de ser la gestora de esta reforma, por lo que le pidió que diga “la verdad” sobre lo hecho para lograr consolidarla.
Marko Cortés, presidente del PAN, indicó que es necesario que Olga Sánchez Cordero cumpla su palabra para que hable “con claridad y verdad” sobre las gestiones que tuvo para la aprobación de la “ley Bonilla” con miras a tener un manejo transparente entre gobierno federal y la oposición. Este agregó que la secretaria está “lanzando la piedra y escondiendo la mano” en un tema que podría generar graves precedentes al vulnerar principios constitucionales.
Por ello, convocó a la secretaria de Gobernación para que ambos se sometan a una prueba de polígrafo y que se sepa la verdad de quiénes fungieron como aval de la reforma en el Congreso de Baja California. Tras ello, declaró que los dichos públicos de Sánchez Cordero son “incongruentes” y “ambiguos” al decir que como ex ministra de la SCJN vería la reforma legal como algo inconstitucional, pero que como titular respetaría la decisión del Congreso local.
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Cortés Mendoza añadió que esas palabras solo generan especulaciones innecesarias sobre la conducción de la política interna, argumentando que esto confirma que es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien está detrás de este atropello a la Constitución, fallando a su promesa de “No Mentir” al deslindarse de lo que calificó de “una atrocidad legislativa” con la que el mandatario mexicano intenta concentrar el poder.
Además, Marko Cortés acusó que Baja California está siendo un laboratorio “para ensayar lo que se podría replicar a nivel federal. Por esa razón simplemente no le podemos creer a López Obrador que supuestamente no busque perpetuarse en el poder”.
Finalmente, dijo que el caso de la ampliación de mandato constituye una violación equivalente a incumplir el principio de la no reelección, afirmando que si se permite que la gubernatura en Baja California sea por cinco años, se quitarán los impedimentos legales y lo mismo podría suceder a nivel nacional.
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