ONU-DH celebra decisión de la SCJN a favor del aborto por razones de salud

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) festejó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se reconoce la obligación del sector de salud pública para prestar el servicio del aborto o interrupción del embarazo por razones de salud.

La ONU-DH celebró que la SCJN dispusiera que la interrupción del embarazo por razones de salud tiene como finalidad restaurar y proteger la salud de las mujeres cuando se ve afectada no solo por el embarazo sino también por padecimientos físicos o mentales que empeoran con la continuación de aquél. En este sentido, señaló la organización internacional, las instituciones que integran al sistema de salud quedaron obligadas a prestar oportunamente el servicio de interrupción del embarazo como parte de las obligaciones que les impone la protección del derecho a la salud.

Te puede interesar: Marchan contra el aborto en la CDMX

Cabe destacar que la sala de la SCJN argumentó para estas conclusiones que “las disposiciones de la Ley General de Salud pueden interpretarse en el sentido de garantizar el acceso a servicios de interrupción de embarazo por razones de salud, dado que éstos pueden claramente entenderse como servicios de atención médica prioritaria (proteger a la mujer en el embarazo, parto y puerperio) y como una acción terapéutica adecuada para preservar, restaurar y proteger la salud de las mujeres en todas sus dimensiones”.

Este avance, según comentó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, responde a las recomendaciones formuladas a México por otras instituciones internacionales como Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Examen Periódico Universal de la ONU.

Finalmente, pese a reconocer este avance legal, instó a las autoridades de salud pública a tomar todas las medidas necesarias para garantizar a las mujeres su derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo en los casos que su salud se encuentre afectada, además de reiterar a las autoridades mexicanas su cooperación y asistencia técnica para lograr este objetivo.