Podrían ser destituidos secretaria de Estado y jefe delegacional por desacato judicial

Este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá dos casos por incumplimiento de sentencias de amparo en los que se propone la destitución del cargo, así como la consignación ante un juez federal de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, y Víctor Hugo Lobo, delegado de Gustavo A. Madero.

Los ministros encargados de los casos, José Fernando Franco González Salas, para García Cepeda, y Javier Laynez, para Lobo, informaron que al no demostrar el cumplimiento de las sentencias, la titular de Cultura y el jefe delegacional deben ser destituidos del cargo que ocupan y ser consignados de manera penal.

García Cepeda podría ser removida como secretaria de Cultura federal, por haber hecho caso omiso a la orden de un juez.

El 9 de junio de 2011, Alberto y Javier Ortiz Hernández, como tramoyistas, y Pedro Ávila Jiménez, como asistente técnico, promovieron una sentencia en contra de la Secretaría de Cultura.

La Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un veredicto en el que ordenó a la dependencia federal basificar a los demandantes, reconocerles la antigüedad laboral desde la fecha de su ingreso y su registró en el IMSS, así como pagar las aportaciones para dicho instituto en su fondo de pensiones de manera retroactiva desde que ingresaron a trabajar.

La autoridad responsable omitió cumplir con lo establecido en el laudo, omitió pronunciarse y girar oficios, de acuerdo el proyecto.

En este caso, de no haberse cumplido las resoluciones por parte de la Secretaría de Cultura, que preside García, la SCJN podría ordenar el cese de García Cepeda como secretaria de Estado y ordenar que sea consignada penalmente ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, como lo señala el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución.

Por otro lado, en el caso del delegado Víctor Hugo Lobo, en 2015 un particular recurrió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para declarar la nulidad de una orden de visita de verificación de una construcción.

En junio de ese mismo año, la cuarta sala ordinaria del Tribunal emitió el fallo a favor de la demandante, por lo que se declaró la nulidad de la revisión, pese a la apelación de la delegación.

La sentencia nuevamente no fue acatada por la administración Víctor Hugo Lobo, lo que provocó una nueva denuncia del particular por incumplimiento, pese a esto, la delegación continuó haciendo caso omiso de la orden, por lo que se le sancionó a 80 veces la unidad de cuenta. El caso finalmente se agotó en el tribunal y se inició un juicio de amparo.

El proyecto detalla que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió a las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector para que comprobaran el acatamiento de la ejecutoria materia del incidente, o bien, expusieran y acreditaran las razones que justicaran el incumplimiento; apercibiéndolas de que, en caso de ser omisas ante ese requerimiento, se continuaría el procedimiento respectivo, el cual puede culminar con una resolución que, en los términos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, ordene la separación del cargo de los titulares responsables y su consignación penal ante un Juez de Distrito, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el párrafo cuarto, del artículo 198 de la Ley de Amparo vigente”.

Lobo aseguró que ya cumplió la sentencia, aunque falta verificarla. En el caso de que la titular de Cultura se pronuncie demostrando el cumplimiento de la sentencia, entonces ambos funcionarios podrían continuar en sus respectivos cargos.

Esta semana fue cesado como jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israle Moreno, por omisión al cumplimiento de orden judicial. Moreno desacató un laudo de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que ordenaba nombrar a Gabriela Reyes y Felipe del Callejo, así como a otros empleados como verificadores.