Veracruz: ven desvío millonario de Yunes en primer año de gobierno

Según el informe del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), en el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares existe un presunto daño patrimonial por más de 338 millones de pesos.

Cabe resaltar que el daño patrimonial se define como una desviación de recursos etiquetados para actividades o funciones específicas por parte de autoridades o servidores públicos, federales o estatales.

De acuerdo con el informe, en por lo menos 11 organismos públicos descentralizados y dos fideicomisos se detectaron anomalías, así como en las secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

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El auditor Lorenzo Antonio Portilla, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, fue el encargado de realizar el informe y de dar aviso de las anomalías en el gobierno de Miguel Ángel Yunes.

El daño patrimonial también se extiende al ejercicio del gasto de 153 municipios y dos organismos paramunicipales (la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa y Lerdo de Tejada) por más de mil 22 millones de pesos.

Este martes fue entregado al Congreso de Veracruz el informe y se evidenció que entre los municipios en los que se detectaron desvíos se encuentran Coatzacoalcos (142.2 millones de pesos), San Andrés Tuxtla (56 millones), Emiliano Zapata (50 millones), Ixhuatlán de Madero (34.5 millones), Álamo (27.9 millones), Las Choapas (26.3 millones), Pueblo Viejo (25 millones), Lerdo de Tejada (24 millones) y Naolinco (22 millones) y se presume que el daño patrimonial en Xalapa asciende a 7 millones.

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Entre los actos en donde la auditoría encontró inconsistencias, de acuerdo al diario Reforma, se encuentran anticipos de salarios, contratos de obra pública no amortizados y/o recuperados, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, saldos de deudores diversos cancelados son evidencia documental.

También se hallaron erogaciones sin comprobación documental, gastos y/o donativos son evidencia de que hayan sido recibidos por los beneficiarios, adquisiciones de bienes o servicios son observancia a la normativa aplicable, y la falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes.

Portilla señaló que una vez que la Comisión de Vigilancia emita el dictamen y sea aprobado por el pleno se iniciará la etapa de investigación sobre las observaciones en las que se determinó un presunto daño patrimonial o falta administrativa grave.