Gobierno y Suprema Corte se hacen bolas por Comisión de la Verdad

El gobierno federal continúa con el procedimiento jurídico iniciado el 6 de julio para impedir la creación de la Comisión de Verdad y Justicia sobre el caso Ayotzinapa-Iguala. Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró carecer de los recursos para terminar con la conformación de dicha instancia.

Ocho dependencias federales, encabezadas por la Procuraduría General de la República, presentaron un «recurso de revisión extraordinario» ante el Tercer Tribunal Unitario de Matamoros, Tamaulipas. Esto con el fin de llevar ante la Suprema Corte los 4 amparos concedidos pertinentes a la creación de la Comisión de la Verdad.

Además de la PGR el recurso incluye a las secretarías de la Defensa Nacional; Marina; Salud; y Hacienda & Crédito Público. Además de la Policía Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Órgano de Prevención y Readaptación Social.

El juez que recibió el recurso fue Sabino Pérez García, quien también analiza un incidente de imposibilidad de cumplimiento jurídico respecto a la creación de la Comisión. Esto debido a que se le atribuirían competencias que, de acuerdo al Artículo 102 constitucional, son exclusivas del Ministerio Público.

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Sobre estas quejas el ministro presidente de la Suprema Corte Luis María Aguilar determinó que la instancia carece de recursos para ordenar la cancelación de la Comisión de la Verdad. Esto en conformidad por lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito; ubicado en Reynosa, Tamaulipas.

Esto ya que no se tiene la competencia para reconocer los recursos emitidos por la PGR y el gobierno federal. Por lo que Aguilar emitió cuatro acuerdos que dan un plazo de 3 días a la Procuraduría y la Presidencia de la República para recurrir al mismo Tribunal Unitario y, de esta manera, iniciar los procedimientos que culminarían con la Suprema Corte solicitando la facultad de atracción al respecto.

Aguilar también advirtió que al incidente de inejecución se le puede sumar fragmentos de los amparos que dieron pie a la orden de crear la Comisión de la Verdad. Dichos fragmentos carecerían de congruencia con los temas planteados ante el Tribunal Colegiado, cuya función original se limitaba a revisar los autos de formal prisión en contra de integrantes de Guerreros Unidos, quienes confesaron haber tomado parte de los hechos de Ayotzinapa.

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