Pide Anaya destituir a titular de la SEIDO por “dañar” su imagen

Ricardo Anaya y los presidentes de los partidos que conforman la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) exigieron hoy que Israel Lira, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), y Rafael Lugo, director de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República (PGR), sean separados de sus cargos por haber dañado la imagen del candidato con la difusión de un video.

Dirigentes de los tres partidos respondieron al respecto del fallo del tribunal del pasado jueves y aseguraron que con el mismo se pone en evidencia lo que siempre han señalado, que el gobierno federal interviene en el proceso electoral en contra de Anaya

El presidente nacional de Acción Nacional, Damián Zepeda, declaró que el uso faccioso de las dependencias públicas «fue un ataque sin precedente, brutal, pero no nos logró quitar ni un solo punto (en las encuestas)», pese a que los estudios estadísticos demuestran lo contrario pues mientras que la distancia entre Anaya y el puntero Andrés Manuel López Obrador se vuelve mayor, la ventaja ante José Antonio Meade disminuye.

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El secretario del PRD, Ángel Ávila, dijo que si el TEPJF llegó a dicha resolución, entonces exigían una «disculpa pública» y agregó que también desean «la renuncia» de los inculpados «por haberse excedido en sus funciones y haber utilizado recursos públicos para dañar la imagen de un candidato».

Finalmente el candidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que la resolución es evidencia de que el gobierno federal ha actuado en contra suya. “Reiteró mi exigencia de que el Gobierno federal saque las manos del proceso electoral y permita que sean, en plena libertad, las ciudadanas y los ciudadanos quienes decidan quién será el próximo Presidente de México», declaró. Asimismo exigió que los culpables sean separados de su cargo en castigo.

Las declaraciones se dan dos días después del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que señala el comportamiento irregular de los titulares de la SEIDO y de la PGR en el uso de recursos para la difusión de un video que afectó la imagen del candidato presidencial.

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