UNAM se desmarca de “análisis” sobre las reformas del Plan C elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, criticaran el “análisis” realizado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) sobre las reformas constitucionales que conforman el Plan C y donde afirman que la del Poder Judicial es un “retroceso” y que hará “un daño mayúsculo a México”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se desmarcó de la publicación afirmando que “de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad”.

A través de un comunicado, la UNAM dio un paso de costado del texto de 600 páginas denominado “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024)” y producido por integrantes del IIJ encabezado por la itamista Mónica González Contró, señalando que los contenidos de los artículos representan únicamente la opinión de sus autores, más no el de la institución.

“El documento sobre las 20 iniciativas de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, elaborado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras personas, y circulado profusamente en las redes sociales durante el pasado fin de semana, de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México ni el sentir de su comunidad”, sostuvo la institución académica encabezada por Leonardo Lomelí Vanegas.

Contrario a ello, explicó que la Universidad convocará “en su momento” a diversos foros académicos que organizarán y en los que se dará una discusión abierta y plural.

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El “análisis” hecho en el capítulo 11 por el académico de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas Javier Martín Reyes asegura que la reforma al Poder Judicial con las modificaciones propuestas por el presidente López Obrador “tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Además de que al inicio de su argumentación predispone al lector al reducir las otras 19 reformas del paquete a solamente la reforma judicial a la que llama “Plan C judicial”.

Asimismo, el autor señala que actualmente el Senado de la República no tiene la última palabra en la designación de los ministros, porque el tiempo juega en su contra porque al exceder los 30 días para pronunciarse sobre la terna que les envía el Presidente de la República o si rechaza una segunda terna, es el jefe del Ejecutivo quien “tiene la facultad constitucional de nombrar unilateralmente a la ministra o ministro de su preferencia. Se trata, para decirlo pronto, de un método de designación que consiste en institucionalizar el dedazo presidencial”.

Por su parte, Jesús Garza Onofre, también investigación del IIJ y opositor en redes sociales del gobierno de López Obrador, aunque reconoce que el Poder Judicial y en específico el Consejo de la Judicatura Federal son perfectibles, asegura que las modificaciones que propone el mandatario federal no son la solución.

“Queda claro que el Poder Judicial Federal, en general, y el Consejo de la Judicatura Federal, en específico, distan mucho de ser perfectos. Tales instituciones necesariamente requieren nuevas dinámicas y cambios que los doten de mayor confianza y credibilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, queda claro que estas modificaciones no deben ser las que ahora propone la iniciativa de reforma judicial del presidente de la República, no sólo por su inviabilidad política y financiera, sino también por sus profundas incoherencias y visión parcial de todo el sistema de justicia”, subrayó.