Norma Piña inicia una investigación contra Arturo Zaldívar por presunta coacción a jueces

En un acto “inédito”, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, admitió a trámite una denuncia anónima en contra del exministro Arturo Záldivar Lelo de Larrea, actual asesor de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición de la Cuarta Transformación, por lo cual ordenó iniciar una investigación en su contra por presunta coacción a jueces para que emitieran sus resoluciones a favor de asuntos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía algún interés.

Además de Arturo Zaldívar, la denuncia alcanza a 61 funcionarios, exfuncionarios y excolaboradores del ministro en retiro del Poder Judicial. De acuerdo con la denuncia de al menos 30 páginas, el expresidente de la Corte habría “vulnerado” la autonomía e independencia de dicho poder, de los jueces y magistrados “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.

Apenas un día después de recibir la denuncia anónima el 8 de abril, para el 9 de abril la ministra presidenta ya había ordenado iniciar la investigación en contra de su predecesor y los colaboradores de éste. La denuncia también resalta delitos como falta de profesionalismo, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, desvío de recursos, cohecho y hasta violencia sexual.

Según la acusación “anónima”, que el ministro Zaldívar acusa de fue fabricada en la misma oficina de la actual presidencia de la Corte, el ministro en retiro y sus colaboradores se confabularon para favorecer “intereses personales y de terceros” mediante la utilización del Poder Judicial.

Entre los acusados están, además del ahora colaborador de Claudia Sheinbaum, el exsecretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Carlos Antonio Alpízar Salazar, a quien señalan de enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción para obtener resoluciones “a modo” prometiéndoles beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables, además de ser el imputado de violencia sexual, entre otros cargos.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez se entrega a la ultraderecha española, critica ministro Zaldívar

A Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, por su parte, lo señalan de participar en una trama de corrupción. Otro de los investigados es el extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, el magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas presuntamente más usadas para ejercer presión a los jueces.

También se señala a Arely Gómez González, exfiscal de Enrique Peña Nieto, cuando se desempeñaba como titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y de la Contraloría del Poder Judicial amenazando a titulares con imponerle responsabilidades administrativas utilizando quejas existentes o inventando algunas.

En la denuncia se asegura que el ministro Zaldívar se confabuló con el exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer, para “atentar contra la autonomía e independencia” de los titulares de órganos jurisdiccionales.

Además, señala que Zaldívar colocó en puestos clave a personas cercanas “para tener control de los asuntos más importantes”,  a la par que utilizó al entonces titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, y a Edgar Manuel Bonilla, para influir en el sentido de las resoluciones y para beneficiar a alguna de las partes involucradas. E incluso expone unos casos como la presunta presión ejercida contra jueces que concedían suspensiones contra el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos. Además mencionan “presiones” en caso como el de Rosario Robles por el La Estafa Maestra, y de Emilio Lozoya Austin, acusado de corrupción en el caso Odebrecht y Agronitrogenados.

La ministra Piña ordenó el inicio de investigaciones a fin de recabar pruebas. “Ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación, resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”.

Destaca que la investigación de Arturo Zaldívar al ser un exministro de la Corte, el caso no será investigado por el Consejo de la Judicatura, sino por la misma Suprema Corte. “En el entendido que respecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados», indica la denuncia.