SCJN ordena a la SHCP publicar contratos de adquisición de Pegasus

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, ratificó la resolución del 10 de noviembre de 2021 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en el que ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos celebrados para adquirir el programa de espionaje Pegasus, al considerar que con su publicación no se pone en riesgo la seguridad nacional como reclamó la Consejería Jurídica del gobierno federal.

Con mayoría de nueve votos a favor y dos en contra de Loretta Ortiz Alhf y Lenia Batres Gudarrama, el Pleno de la Corte avaló el proyecto presentado por Pérez Dayán porque afirman que son infundados los recursos de revisión en materia de seguridad nacional promovidos por la Consejería porque “no acreditó la reserva de información” por esas razones.

Además, el ministro ponente afirmó que la autoridad fue omisa en demostrar por qué la divulgación de la información solicitada implicaría que se afecten las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que se limitó a formular argumentaciones dogmáticas, genéricas y abstractas.

“(La reserva) no pueden fundamentarse en el simple hecho de que el sujeto obligado cuente con facultades relacionadas con esa materia, pues en una sociedad democrática, no puede existir información excluida sin que exista una ponderación razonada en cada caso concreto y no solamente por la naturaleza de la autoridad que la contiene”, insistió Pérez Dayán.

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En ese sentido, se ordenó a Hacienda a entregar, en versión pública, la información concerniente a los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa Pegasus.

La ministra Loretta Ortiz argumentó su voto en contra al considerar que la información solicitada “se encuentra activamente siendo procesada por las autoridades, planteamiento que el proyecto resuelve esencialmente sobre la base de que el tratamiento de datos por parte de la UIF no es propiamente una investigación, sino un análisis preliminar”.

En tanto que Lenia Batres calificó de incongruente la resolución del Inai de ordenar a Hacienda a la Unidad de Inteligencia Financiera dar a conocer los contratos porque “no analizó la naturaleza de la información dentro del contexto de las tareas de inteligencia y contrainteligencia que llevó a cabo la UIF”.