José Ramón Cossío marcha en defensa de los fideicomisos del PJF de donde obtiene su pensión

Pese a que el pasado 18 de octubre aseguró que no asistiría, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz participó en la marcha en defensa de los fideicomisos del Poder Judicial a la que convocó el sindicato de trabajadores de ese poder y a la que asistieron políticos de los partidos de oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Claudio X. González y miembros de organizaciones civiles afines al Frente Amplio por México.

A través de redes sociales, el ministro en retiro afirmó que se unió a la marcha “en apoyo a la división de poderes, y al Poder Judicial y a los derechos de sus trabajadores”, mensaje que acompañó con una fotografía suya en la avenida la República, a pocos metros del Monumento a la Revolución.

Hace unos días, apenas iniciadas las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, Cossío Díaz informó que había interpuesto un recurso de amparo junto con sus “colaboradores” para apoyar a los empleados y se garantice su derecho de ejercer de manera pacífica y respetuosa su derecho a manifestarse.

Sin embargo, existe un conflicto de interés personal en el ministro en retiro en el caso de la pugna que sostiene el Poder Judicial y el Legislativo por la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Judicial y que en su conjunto acumulan un recurso por más de 15 mil millones de pesos, pues José Ramón Cossío es beneficiario de uno de esos fideicomisos, el denominado ‘sistema de pensiones complementarias para mandos superiores’.

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El fideicomiso del cual recibe recursos en ministro en retiro que ha interpuesto amparos en contra de reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que han sido aprobadas por el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión, hasta el 30 de junio pasado, de 2023, tenía un saldo de 832 millones 881 mil 665.60 pesos y cuyo objetivo, según se describe, es para algunos mandos superiores de la Corte retirados, para que reciban una pensión adicional a la que obtienen a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). Pero cuya partida también se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 solicitado por el Poder Judicial, lo cual implicaría una duplicidad.

De acuerdo con el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los ministros en retiro “tendrán el derecho a un haber de carácter vitalicio equivalente al ciento por ciento durante los dos primeros años y 80 por ciento durante el resto de tiempo de las remuneraciones que correspondan a los ministros en activo”, es decir, el ministro Cossío Díaz, retirado el 30 de noviembre de noviembre de 2018, después de cumplir 15 años como ministro, actualmente estaría recibiendo 165 mil 558.048 pesos mensuales, pues los ministros en funciones ganan 206 mil 947.56 pesos mensuales netos, de acuerdo con el Portal Nacional de Transparencia.

Y a ese recurso se le suman, de acuerdo con Morena, el pago de dos personas de “apoyo” para que estén a su servicio de manera vitalicia durante toda su jubilación, además de que se les dan los vehículos que tenían asignados cuando estaban en activo, y un seguro de vida por 12 millones de pesos.

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El ministro propuesto por el panista Vicente Fox Quezada para llegar a la Suprema Corte, en reiteradas ocasiones ha sido señalado por el presidente López Obrador de actuar en contra de los intereses de los ciudadanos y de proteger a grupos minoritarios y de ser “protector de corruptos”.

López Obrador le recordó su voto en contra de declarar culpable a los familiares de Margarita Zavala, esposa del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, en el caso del incendio de la Guardería ABC en la que murieron quemados 49 niños, asimismo apuntó que no votó por responsabilizar al expresidente Enrique Peña Nieto cuando era gobernador por el caso de las violaciones graves en que incurrió en el caso de represión en San Salvador Atenco.

Además, lo ha acusado de integrar un “buró jurídico” que junto con políticos y empresarios han conformado para interponer amparos que obstaculicen el desarrollo y construcción de obras de su gobierno.