ONU acusa a Nicaragua de crímenes de lesa humanidad

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) integrado en marzo del año pasado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) concluyó que en el país centroamericano al mando de Daniel Ortega se han cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación a la nacionalidad, delitos que constituyen “crímenes de lesa humanidad”.

De acuerdo con el informe dado a conocer este jueves 2 de marzo por la ONU, el GHREN, que recabó información sobre las violaciones a los derechos humanos desde abril de 2018, explica que el régimen de Ortega ha cometido graves abusos en contra de opositores políticos como privación arbitraria de la nacionalidad y el derecho a permanecer en su propio país.

“Estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, constituyéndose en crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, incluyendo violencia sexual, deportación forzosa y persecución por motivos políticos”, señalaron los tres expertos que conforman la comisión.

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Ante estas violaciones, los especialistas en derechos humanos afirmaron que la población “vive con miedo respecto de las acciones que el propio gobierno pueda tomar contra ella”.

Asimismo, lamentaron que las transgresiones a los derechos no son hechos aislados, sino que se han venido dando desde abril de 2018, como medida de “un proceso planificado de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas y de una fuerte concentración del poder en las figuras del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta de la República”.

Ante ello, aseguran que la planificación del poder absoluto condujo a la destrucción del espacio cívico y democrático y que las altas autoridades del gobierno han logrado instrumentalizar desde los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para implementar un marco jurídico que permita la represión de las libertades y la persecución de los opositores políticos al régimen.

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Durante la pesquisa se constató la existencia de ejecuciones extrajudiciales, “como un patrón de conducta” conducido “por agentes de la Policía Nacional e integrantes de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada”, indicó la experta Ángela Buitrago.

Y abundó diciendo que desde las protestas ocurridas entre mediados de abril y finales de septiembre de 2018 “el gobierno obstruyó todo tipo de investigación respecto a estas y otras muertes”. Además, precisó que el Grupo cuenta con información de que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional e integrantes de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluyendo violencia sexual y de género durante las detenciones y interrogatorios.

“Todas estas acciones son posibles porque se ha instrumentalizado al Estado como arma de persecución en contra de la población. Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”, finalizó Buitrago.