Fiscalía de Perú inicia investigación contra Dina Boluarte y ministros por genocidio

La Fiscalía de Perú inició una investigación contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y otros funcionarios federales por el delito de genocidio. Esto ante las muertes que se han derivado a partir de los operativos para contener a los manifestantes que exigen al gobierno en turno renunciar o la convocatoria a elecciones generales inmediatas.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía de la Nación de Perú anunció que su titular, Liz Patricia Benavides Vargas, dispuso que se inicie una investigación contra la presidenta Dina Boluarte. Según indicó, está señalada de haber cometido presuntamente genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

La fiscalía indicó que dichos delitos habrían sido cometidos durante las manifestaciones ocurridas en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacuc. Cabe destacar que durante los 33 días de la actual administración el número de personas muertas derivadas de estos hechos ascienden a 46; los últimos fallecidos reportados son los 17 manifestantes y un policía acaecidos durante los enfrentamientos del 9 de enero en Juliaca, región de Puno.

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La acusación no es únicamente contra la mandataria peruana, sino que también se ordenó investigar por los mismos delitos al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas; y al ministro de Defensa, Jorge Chávez. A la par, se indaga la responsabilidad de Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior.

Este mismo martes, la Defensoría del Pueblo de Perú había exigido al Ministerio Público, como encargado de la acción penal, y al Poder Judicial administrar justicia por la muerte de las últimas personas en la región de Puno, respetando tanto la debida diligencia como la separación de poderes. «Ello conllevará a que se sancione de manera oportuna y célere a los responsables materiales de los hechos, y a los posibles autores intelectuales que por acción u omisión también pudieran serlo», apuntó la institución en un comunicado.

A la par, recordó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú que tienen la obligación de actuar conforme a las normas vigentes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Asimismo, detalló que dicha actuación debe contemplar los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad para evitar incurrir en responsabilidades.