Por seguridad, gobierno reserva por 5 años los nombres de los 240 municipios sin policía o “entregados al crimen”

Por “motivos de seguridad”, el gobierno de México ha decidido reservar por cinco años la información de cuáles son los 240 municipios del país que no cuentan con policías municipales o que “gobiernos locales entregaron a la delincuencia organizada”, como reveló el 17 de octubre pasado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

De los más de 2 mil 471 municipios que tiene México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos 240 de ellos no tienen elementos de seguridad locales, porque sus gobernantes “abandonaron su responsabilidad”, acusó hace apenas dos meses el encargado de la política interna del país cuando promovía la aprobación de la extensión al 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

En una solicitud de información que realizó La Hoguera al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para conocer el nombre de esos municipios sin cobertura en seguridad, la dependencia explicó que, a partir de nuestra petición, la información se reservaría durante cinco años debido que el revelar los nombres de esos territorios pondría en vulnerabilidad la vida de sus habitantes.

Además de que poner la información sobre los 240 municipios que carecen de policías en manos de la delincuencia común y organizada podría ocasionar que se afecte o menoscabe la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, no solo de las municipales.

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Aunado a ello, señaló que “el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda” debido a que el derecho a la vida y a la seguridad de las personas se encuentra por encima de cualquier otro derecho como el a la información, pues la revelación supone “un daño desproporcionado e innecesario”.

Aludiendo a los artículos 113 fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 fracción VI y 110 fracción 1 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la información en relación con el punto vigésimo quinto y décimo octavo de los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, la unidad de Transparencia del Secretariado determinó que la información solicitada debía ser reservada y para ello pedía el aval del Comité de Transparencia para que confirmara la reserva.

“La información que se solicita debe ser reservada porque advierte capacidades de uso de fuerza de las instancias municipales de las entidades federativas y de su propia organización, por tanto, al hacer pública dicha información se daría a conocer la capacidad de las autoridades , lo que pondría en riesgo las acciones destinadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, la seguridad y la vida de las mismas, así como el orden público, obstaculizando los sistemas de coordinación institucional en materia de seguridad pública”, precisó como fundamento al pasar la solicitud al Comité de Transparencia que 15 días después resolvió respaldar la reserva.

El Órgano Operativo Desconcentrado del SESNSP dijo que era necesario proteger toda la información que pudiera vulnerar la seguridad de las personas y las acciones encaminadas a proteger la integridad de los ciudadanos.

En tanto que el Comité de Transparencia, que tuvo que sesionar de manera extraordinaria para responder a nuestra petición, coincidió con sus compañeros de la Unidad de Transparencia del Secretariado al “confirmar” por unanimidad de votos la clasificación de información “como reservada por un periodo de 5 años derivada de la solicitud de acceso a la información pública toda vez que otorgar el nombre pondría en riesgo la seguridad pública al poner en evidencia los municipios que se encuentran vulnerables al no contar con suficientes elementos garantes de la acción de justicia en un municipio”.

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En octubre pasado, a unas semanas de que se discutiera la iniciativa de extensión al 2018 de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que finalmente fue avalada por Morena, sus aliados y el PRI, el coordinador de los diputados tricolor, Rubén Moreira Valdez, reveló que los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán, ambos de Jalisco, se habían quedado sin policías municipales tras la renuncia de todos debido a que los territorios se encontraban en manos del crimen organizado.

A ellos se suman los nueve municipios de Zacatecas, que, de acuerdo con declaraciones del propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, tampoco cuentan con policías locales porque también habían renunciado ante los altos índices de asesinatos de elementos. Y ello coincide con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del Inegi donde revela que, en 2020, 126 policías fueron asesinados en el país.

A estos 11 municipios también habría que agregarle el caso de Irapuato, Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinhué Rodríguez, donde al menos 100 elementos renunciaron por el alza en el crimen organizado. Siendo este estado junto con Chihuahua, Michoacán, Baja California, Estado de México y Jalisco los que más homicidios dolosos acumulan