Giran orden de aprehensión contra exprocurador y exsecretario de Seguridad de Guerrero por caso Ayotzinapa

Un juez federal libró una serie de órdenes de aprehensión en contra de varios funcionarios públicos del gobierno de Guerrero durante la gestión del perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero por sus vínculos en el caso de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, entre los que se encuentran el exprocurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco; el exsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, así como contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJG), Lambertina Galeana Marín.

Las órdenes de captura liberadas este viernes por el juez segundo de distrito en procesos penales federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, son parte de las 83 que giraron el pasado agosto a petición de la Fiscalía General de la República por delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, contra la administración pública y por homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía, al exprocurador estatal Blanco, que estuvo encargado de las diligencias de la desaparición de los 43 jóvenes ocurrida en Iguala, Guerrero, se le imputa el delito de delincuencia organizada.

Te puede interesar: Deslinda Encinas a padres de los 43 de Ayotzinapa de hechos violentos en manifestaciones

Iñaki Blanco ha afirmado que la acusación de la que se le imputa se basa en dichos de un testigo colaborador en los que afirma que el exprocurador recibía dinero del grupo criminal Guerreros Unidos, señalamiento que ha rechazado pues dice que él mismo logró capturar a los cabecillas de dicha organización criminal. Además de que fue la dependencia a su cago la que logró la detención del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, así como de policías municipales.

En tanto que a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero se le acusa de haber “perdido” u ocultado los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de la noche y madrugada de los días en que ocurrió la desaparición de los estudiantes normalistas.

Por otra parte, la imputación que se le hace al exsecretario de Seguridad también es por delincuencia organizada.

Además de a ellos, también se liberaron órdenes de captura contra Luis Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, quienes en ese momento fungían como ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente.