Nación
Suman 9 los detenidos por linchamiento de abogado en Huauchinango, Puebla
El subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que suman 9 detenidos a causa del linchamiento de Daniel Picazo, abogado y asesor parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el pasado 10 de junio en Huauchinango, Puebla
En conferencia de prensa, Ricardo Mejía comentó que derivado de las investigaciones sobre el linchamiento del pasado 10 de junio en Huauchinango, Puebla se han detenido a 9 hombres, siendo los últimos dos Silverio “N” y Luis “N”. Según detalló, estos fueron arrestados para cumplirse una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado y daño en propiedad ajena.
El funcionario destacó que hasta hoy siete están vinculados a proceso por los hechos en la comunidad de Papatlazolco; en tanto, el Ministerio Público solicitó a un juez de control que se someta al mismo procedimiento estas últimas personas detenidas.
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La versión oficial de los hechos indica que el pasado 10 de junio el abogado Daniel Picazo acudió a Huauchinango, Puebla, lugar donde fue detenido por un grupo de pobladores. Estos le retuvieron bajo el argumento de que era sospechoso de posible secuestro de menores, por lo que fue bajado de la camioneta, golpeado y finalmente le prendieron fuego.
“El linchamiento, como ustedes lo saben, se provoca partir de la desinformación, del rumor alentado y de la exacerbación de los ánimos de la comunidad”, comentó Mejía Berdeja el pasado 16 de junio. Esto debido a que todo se habría originado por la circulación de un audio donde se alertaba primero que en la comunidad La Gallera del municipio de Tlaola, colindante a Huauchinango, había un supuesto cierre del camino porque estaban buscando una camioneta que estaba transportando niños secuestrados.
Inai investigará divulgación de datos personales por publicación de documentos sobre pensión de Pemex a Ma. Amparo CasarEl Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que investigará la divulgación de datos personales de diversas personas por la publicación de documentos sobre una pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex) dada a María Amparo Casar Pérez. Esto luego de que el gobierno federal publicara los documentos del expediente con el cual la empresa paraestatal está buscando recobrar 31 millones de pesos cobrados por ella, alegando que obtuvo el beneficio ilegalmente al falsear la causa de muerte de su cónyuge. A través de un comunicado, el Inai informó que inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en diversos documentos del expediente del caso “Márquez Padilla”. Al respecto, precisó que estos fueron publicados por la Oficina de la Presidencia de la República, el viernes 3 de mayo. Esto luego de que compartiera un link de acceso a estos en redes sociales oficiales del gobierno federal. El instituto presidido por Adrián Alcalá Méndez argumentó que, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones. Por ende, dijo, está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones, previstos en la normatividad. “El INAI advirtió que los documentos publicados contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas, por lo que presume la existencia de incumplimientos a la LGPDPPSO. A la par de la investigación de oficio, el Instituto se mantiene atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas por la difusión de sus datos personales, a fin de iniciar los procedimientos correspondientes”, redactó. Durante la ‘mañanera’ del viernes, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, detalló que el 7 de octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez Padilla García, coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de la Administración de la paraestatal, falleció tras su caída desde el piso 12 del edificio A de Pemex. Derivado de ello, María Amparo Casar Pérez, solicitó a Pemex 1) el pago de seguro de vida; 2) ayuda de gastos funerarios; 3) pensión postmortem a favor de sus dos hijos, misma que cubrió hasta que cumplieron 25 años; y 4) la pensión postmortem a favor de ella por aproximadamente 124,948 pesos mensuales Sin embargo, el ingeniero tabasqueño sostuvo que aunque tales beneficios le fueron concedidos, esto no tuvo que haber sido así, puesto que el acaecimiento del funcionario no fue un accidente de trabajo sino un suicidio. A la par, indicó que dicho dato está fundamentado en el dictamen pericial en materia de Criminalística y la Determinación de No ejercicio de la Acción Penal entregado por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX). Asimismo, Romero Oropeza aseguró que como antecedente se sabe que Casar Pérez y el escritor Héctor Aguilar Camín acudieron con el entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, y le pidieron que no se pusiera en el dictamen que fue suicidio el que cometió su cónyuge, sino accidente para obtener la pensión. Sin embargo, dijo que aunque este no cedió y los documentos confirmaron que Carlos Fernando Márquez Padilla García se quitó la vida voluntariamente, funcionarios de Pemex desestimaron ese dato para que procediera la petición de la titular de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
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