“Hay evidencia del desvío de varios miles de millones de pesos” por parte d exfuncionarios capitalinos, reveló Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante su segundo informe de labores.

Godoy Ramos detalló que, durante la administración pasada, de Miguel Ángel Mancera Espinoza, se tejió un mecanismo elaborado para saquear las arcas públicas de la ciudad con el propósito de enriquecerse de manera ilegal a costa del erario público.

“Se instauró una maquinaria para extraer dinero público con dos grandes objetivos: por un lado, enriquecer de forma ilícita y grosera a exfuncionarios y, por el otro, financiar actividades políticas, sociales y electorales mediante la distribución de cantidades importantes de dinero a personajes políticos, sindicales, columnistas y operadores”, criticó la fiscal capitalina.

Te puede interesar: Concede Chile extradición a México de Mauricio Toledo

Sin mencionar nombres, la funcionaria señaló de manera puntual las dependencias de las cuales sus titulares han sido señalados o enfrentan procesos judiciales por desvío de recursos. “Hemos acreditado la existencia de delitos graves de corrupción a personas que ocuparon cargos en la secretaría de Obras, de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de la comisión de Reconstrucción, en la secretaría de Finanzas, en la Central de Abasto (CEDA), en la agencia de Gestión Urbana, en delegaciones, ahora alcaldía, como Coyoacán de la que recientemente además fue aprobado su extradición de Chile”, dijo Godoy Ramos en referencia al diputado federal por el PT Mauricio Toledo, quien enfrentas cargos por enriquecimiento ilícito.

Por ello, advirtió que seguirá combatiendo los actos de corrupción, pues “la corrupción es un delito y su persecución es nuestra responsabilidad. Vamos a seguir actuando con energía y sin ninguna consideración política para combatirla y erradicarla”.

Lamentó que se hayan dado tantos actos de corrupción en los gobiernos pasados, debido a que esta “tiene un impacto social profundo, disminuye la confianza en las instituciones, afecta el desarrollo económico y social, incrementa la inseguridad, disminuye la eficacia del gobierno y debilita la democracia, además de que genera impunidad y cierra la puerta a la justicia”.