El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso este miércoles una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de posponer la consulta de Revocación de Mandato por su probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

En la denuncia, dirigida a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos, el presidente de la Mesa Directiva en su condición de representante legal de la Cámara de Diputados, hace de conocimiento a la funcionaria los “hechos que en apariencia son delito de coalición de servidores públicos y lo que resulte”.

En el documento se precisan los nombres del consejero presidente del instituto electoral, Lorenzo Córdova Vianello, y de los consejeros Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, y Beatriz Claudia Zavala Pérez; Edmundo Jacobo Molina, secretario Técnico, como los involucrados en la comisión de los delitos antes descritos.

Agrega que estos delitos están previstos y sancionados en el artículo 216 del Código Penal Federal, en agravio del servicio público federal y que afectan a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo.

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Además de esa demanda, el presidente de la Cámara Baja también interpuso una queja ante el Órgano Interno de Control del INE contra los mismos seis consejeros que avalaron el aplazar la consulta ciudadana que pone a consideración de la población revocar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hago de su conocimiento hechos que constituyen faltas administrativas que en su carácter de servidores públicos han desplegado los CC. Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, y Beatriz Claudia Zavala Pérez y Edmundo Jacobo Molina, servidor público que se desempeña como secretario Ejecutivo, ante la afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo”, indica el documento fechado el 22 de diciembre y dirigido a Jesús George Zamora, titular del Órgano Interno de Control del INE.

El pasado viernes 17, Sergio Gutiérrez había adelantado que además de la controversia constitucional ante la SCJN, también interpondría una demanda penal en contra de los seis consejeros que votaron a favor de posponer la consulta de revocación.