Acusa Conacyt que se busca crear temor entre la comunidad científica

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), declaró que las órdenes de aprehensión contra científicos son parte de una ola concentrada de desinformación en medios y redes sociales, que tiene la intención «de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica».

Mediante un comunicado, el Conacyt recordó que en 2019 mantuvo un proceso de diálogo con la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C. (FCCyT A.C.), que exigía un pago anual de 50 millones de pesos; sin embargo, precisó que el consejo decidió apoyar con un monto «modesto y suficiente» para realizar las actividades, mismo que fue rechazado por el foro.

El Conacyt detalló que durante el proceso judicial entablado entre el foro contra el consejo, se detectaron las posibles irregularidades ejecutadas mediante asignaciones millonarias a favor del FCCyT A.C., «desde distintos fideicomisos del Conacyt. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control», precisó.

Bajo esas indagatorias, el Conacyt actuó por el presunto agravio contra el erario y el posible daño patrimonial como es obligación jurídica y ética del consejo. «Son éstas, y no el Conacyt, quienes cuentan con las atribuciones para investigar y dar el seguimiento jurídico que corresponda. Las acciones que emprendan estas instancias no son responsabilidad ni atribución del Conacyt», enfatizó.

La postura del Conacyt surge luego de que la un juez del Estado de México rechazara las órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos del consejo que, supuestamente se enriquecieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las investigaciones y posterior solicitud de captura se originaron tras la denuncia de la titular de la institución, María Elena Álvarez-Buylla; sin embargo, esta no procedió debido a que el juez consideró que los hechos no corresponden a los delitos que se atribuyen.

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