FGR investiga delitos electorales de Samuel García y Adrián de la Garza

Adrián de la Garza, candidato del PRI y PRD a la gubernatura de Nuevo León (NL), y Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, serán investigados por la presunta comisión de delitos electorales por el reparto de la «tarjeta rosa» y financiamiento ilícito de campaña, respectivamente.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, en atención a denuncias, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) abrió una carpeta de investigación en contra de Adrián de la Garza por solicitar el voto femenino a su favor a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”.

Debido a que se promete que si gana las elecciones a gobernador recibirán dinero en ellas, las fiscalías consideraron que esto significaría la compra y coacción del voto. «Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales», advirtió en un comunicado.

Sobe el caso, la FGR terminó diciendo que con las pruebas que ya se han recabado se judicializará el caso en breve.

Por otra parte, la Fiscalía detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció a Samuel García, Mariana Rodríguez y al padre de ella, Jorge Rodríguez, por presuntos hechos delictivos de aportaciones ilegales para fines electorales.

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Esta se sustenta en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, mismo que se refiere a las aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, en campañas.

Finalmente, la FGR precisó que todas las denuncias y pruebas aportadas se están desahogando en una carpeta específica para obtener la determinación jurídica que procesa. Sin adelantar más, el comunicado menciona que las acusaciones vinculan «a una serie de personas físicas y morales», así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria.