Diputados de la 4T aprueban en lo particular nueva Ley de la FGR con cambios mínimos

La mayoría del bloque de la 4T volvió a cerrar la puerta a decenas de reservas de opositores y «disidentes», dejando pasar solo 5 propuestas para modificar el dictamen sobre la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto causó críticas incluso de morenistas, quienes acusaron que lo aprobado es una norma a modo del fiscal Alejandro Gertz Manero.

La primera reserva aceptada fue la de Aleida Álvez Ruiz, de Morena. Propuso que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos se vea obligada, en el artículo 13 de su ley, a atraer los casos cuando se trate de un asunto de trascendencia social y siempre que se trate de una grave violación a derechos humanos.

El segundo cambio también tuvo que ver con las facultades indelegables del fiscal. Rubén Cayetano, también de Morena y uno de los más críticos al actual dictamen, propuso con éxito que el promover controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General y crear comisiones especiales fueran no solo facultades sino «atribuciones indelegables».

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La tercera llegó ya por la noche, cuando la diputada Fabiola Loya Hernández, integrante de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con consenso de los demás grupos parlamentarios. Esta fue para integrar al artículo 40 garantías para las víctimas, tales como el dar líneas de investigación formuladas por personas víctimas y que la FGR las considere en la modificación de planes para involucrarlos en la práctica.

Asimismo, obligará a la Fiscalía a proporcionarles acceso a los registros de sus casos y copias de los mismos para facilitar el conocimiento y la participación; además, las víctimas podrán presentar peritajes independientes.

Un ajuste extra provino del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de la diputada Mónica Bautista. Ella solicitó que el órgano que implemente el servicio profesional de carrera deberá contar con autonomía técnica y gestión de acuerdo con las necesidades de la FGR y de conformidad con sus estatutos.

Por último, Enrique Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subió a tribuna con éxito para corregir el quinto transitorio del proyecto de decreto que erraba al citar otro artículo respecto al paso del patrimonio del Instituto Nacional de Ciencias Penales a la FGR ante su próxima extinción.

En lo particular, el dictamen modificado fue aprobada con 334 votos a favor, 109 en contra y 5 abstenciones.