Diputados del PAN proponen que presidentes informen de su salud mental anualmente

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) inscribieron en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa para exigir que los candidatos a la presidencia y los presidentes en turno informen de su salud mental. De acuerdo con el partido, en América Latina saber esta información se ha convertido en una exigencia ciudadana.

La reforma propuesta por Adriana Dávila y Éctor Jaime Ramírez Barba se trata de un cambio en numeral II del apartado A del artículo 6° constitucional para establecer como información de interés público el estado de salud mental del presidente de la República y los secretarios, subsecretarios de Estado y del fiscal General de la República. Además, modificando el artículo 69° de la carta magna, se busca exigir que cada año, durante el inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, el presidente presente junto al informe de gobierno uno más de carácter clínico donde se haga constar este estado de salud y el de los otros funcionarios mencionados.

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El proyecto también propone reformar el artículo 82 de la Constitución para instaurar que para ser presidente se requerirá no tener padecimientos mentales y tener un buen estado de salud mental, acreditando esto con los estudios clínicos y dictámenes médicos de conformidad con las normas aplicables y la ley en la materia, así como hacerse públicos noventa días antes del día de la elección.

En la exposición de motivos, el PAN retoma las experiencias de Venezuela, Colombia, Argentina y Chile, donde la gente exigió saber más del estado de salud de sus mandatarios y candidatos presidenciales ante las enfermedades que presentaban, haciendo énfasis en el caso de Hugo Chávez: «murió tras las elecciones antes de tomar protesta, sin que la ciudadanía tuviera conocimiento del avance de su enfermedad», menciona la bancada en la iniciativa.

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Las legisladores y legisladores opositores que suscriben la iniciativa sostienen que el acceso a esta información, presentada en su versión pública, permitirá evitar especulaciones y harán del ciudadano un actor responsable en el proceso de mantenimiento de la gobernabilidad e institucionalidad política en caso de un desenlace fatal.

Finalmente, manifiestan que la complejidad psicológica que requiere una decisión de los mandatarios en momentos importantes «debe ser puramente racional».