Piden llevar a Corte Penal Internacional crímenes de lesa humanidad en México desde 2006

El senador Emilio Álvarez Icaza y representantes de organizaciones dieron a conocer su intención de exhortar a que el Estado Mexicano busque remitir a la Corte Penal Internacional los casos de crímenes de lesa humanidad en el marco de la «Guerra contra el Narco» iniciada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido por la CDMX, realizó una conferencia de prensa donde dio a conocer la búsqueda de la construcción de un punto de acuerdo en el Senado para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que remita a la Corte Penal Internacional (CPI) todo lo documentado sobre casos de crímenes de lesa humanidad a fin de que esta intervenga.

El legislador argumentó a favor de esta idea señalando que puede ser un mecanismo relevante en el contexto de la búsqueda de un posible juicio contra expresidentes, siendo la oportunidad de que se muestre como una acción que confirme el intento de cumplir la promesa de justicia transicional y no solo un aspecto de corte electoral.

Graciela Rodríguez Manzo, representante de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó que desde esta han remitido algunas comunicaciones a la Corte en relación a sucesos cometidos en Coahuila, Baja California y Chihuahua pero que en su análisis nacional confirman que la impunidad es una constante, por lo que resulta necesario iniciar procesos jurisdiccionales nacionales e internacionales que permitan avanzar en los procesos de justicia transicional.

Además, hizo énfasis en que por su parte también han mandado a la Corte Penal Internacional una contribución de Universidad de Leiden en la cual señalan que la situación de México supone un conflicto armado internacional debido a la actual situación de violencia relacionada con las drogas desde 2007.

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Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, explicó que utilizar este mecanismo de justicia internacional es viable debido a que México ha ratificado el convenio del Estatuto de Roma, a fin de que la Fiscalía de la CPI abra un examen preliminar de la situación nacional.

Esta mencionó que, de solicitarse, la CPI estaría pidiendo información a México y evaluando fuentes abiertas para evaluar si hay o no crímenes de lesa humanidad en el país, realizando posteriormente un informe sobre ello para informar qué categorías de actores están cometiendo los crímenes, tales como el narcotráfico, militares, fuerzas armadas, servidores públicos, etc.

Reyes agregó que en este podrían detallarse también esquemas de la comisión de los delitos, pasando posteriormente a una etapa de análisis de la complementariedad donde se iniciará una especie de «ping pong» a fin de conocer cuáles son los avances sobre los casos denunciados, qué se está haciendo al respecto y si hay voluntad o capacidad para resolverlos.

Finalmente, a partir de ahí podrían implementarse estrategias y hablar de crímenes de lesa humanidad, dando un tiempo para que la justicia mexicana se pronuncie y haga lo correspondiente. Sin embargo, advirtió que, debido al nivel de impunidad de México, la Fiscalía de CPI puede decidir en solo un par de meses iniciar casos e investigaciones sobre individuos al considerar que no hay capacidad, como mínimo, para resolver los asuntos.