Controversia constitucional de Laura Rojas, espuria y con intencionalidad política: Morena

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados criticó a Laura Rojas por la promoción de una controversia constitucional por el acuerdo de uso de fuerzas armadas en apoyo a las tareas de seguridad pública, declarando que su decisión manifiesta una intencionalidad política y tachándola de “espuria” por carecer de apoyo de la mayoría.

A través de un comunicado dado a conocer por Mario Delgado, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro señaló que la controversia constitucional promovida por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, no representa la opinión de la mayoría parlamentaria.

La bancada oficialista argumentó que este acuerdo presidencial tiene su sustento en los artículos transitorios quinto y sexto de la reforma que creó la Guardia Nacional y que tuvo la aprobación del Congreso de la Unión y los 32 congresos locales, motivo por el cual el presidente tiene las facultades de carácter excepcional que habría ejercido.

Por ello, calificaron como un despropósito que la controversia presentada por Laura Rojas cuestione dicho acuerdo, manifestando que al aseverar que este no obedece a una desmilitarización paulatina de las labores de seguridad muestran una «intencionalidad política» y un tinte partidista.

Finalmente, la bancada de Morena declaró que el gobierno de AMLO solo busca responder al problema de inseguridad fijando una ruta clara y regularizando la presencia de las fuerzas armadas, de modo que votará en contra de la decisión tomada, ello pese a ser una de las facultades como presidenta de la Mesa Directiva de acuerdo al artículo 233 párrafo 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

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En su comunicado, Laura Rojas detalló que el acuerdo contradecía al texto constitucional respecto a la complementariedad y subordinación que las fuerzas armadas deben tener en tareas de seguridad pública, dejando la fiscalización de su actuación en manos de ellas mismas y no de una autoridad civil y competente, negando, además, que fuera un cuestionamiento de la facultad del ejecutivo federal sino un recurso para asegurarse que se cumplía con los criterios establecidos en la Carta Magna.

Quien se posicionó de manera personal fue el diputado Pablo Gómez, quien declaró este pasado sábado que la presidenta de la Cámara de Diputados carece de respaldo de la misma para presentar la controversia, calificándola como un recurso «espurio» que «seguramente se va a revocar» durante la primera sesión ordinaria que tenga la Cámara de Diputados en el tercer año de la actual legislatura.