Segob pide cuentas a BC y Jalisco por abuso policial

La Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó información sobre las carpetas de investigación que fueron abiertas por el probable uso excesivo de la fuerza pública durante los hechos ocurridos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y también en Tijuana, Baja California.

A través de un comunicado, la dependencia informó que mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas, se solicitó la información para conocer los citados casos, siendo el primero el de Giovanni López, quien fue detenido y agredido presuntamente por elementos de la policía municipal esto debido a que supuestamente no portaba cubrebocas.

La información proporcionada por familiares de Giovanni expusieron que el hombre de 30 años era trabajador de la construcción y que tras ser agredido falleció al día siguiente por un traumatismo craneoencefálico, según el reporte médico.

«El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad», expuso Segob.

También la Secretaría solicitó información sobre el caso ocurrido el pasado 28 de febrero. En videos que circularon a través de redes sociales, se pudo observar que una persona en situación de calle fue detenida en una gasolinera y falleció presuntamente en custodia de la policía municipal de Tijuana.

Por tal situación el subsecretario Encinas expresó: «Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, esta subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables».

Asimismo, declaró que ante la situación y la imposición de medidas sanitarias para combatir el Covid-19, las autoridades «de todos los órdenes de gobierno» deben ser garantes de proteger en todo momento los derechos de las personas. “No se deben fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de estos lamentables hechos”, aseveró.

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