Juicio político contra Rosario Robles no es prioridad para Monreal

Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento Regeneración Nacional, declaró que el juicio político contra la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, no es una prioridad para él ante el panorama de pandemia por el coronavirus Covid-19. Puntualizando que será la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República la encargada de culminar el proceso que inició en la Cámara de Diputados como órgano de acusación.

“Desde mi punto de vista, no es el momento de cortar cabezas, ni es el momento de revivir la ‘noche de los cuchillos largos’, pero será la Comisión Jurisdiccional la que lo determine con plena libertad. No debe ser la venganza la que nos mueva nunca en nuestros actos. Es un tema que para mí no es, frente a la emergencia que vivimos, una prioridad”, declaró Monreal Ávila en conferencia de prensa desde el Senado de la República.

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El posicionamiento del también titular de la Junta de Coordinación Política se da luego de que, el jueves pasado, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encabezada por Pablo Gómez, procediera con la acusación en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Enrique Peña Nieto por “usar recursos públicos traicionando la voluntad ciudadana”.

Monreal fue enfático en que será la Comisión Jurisdiccional, que dirige la senadora de Morena, Rocío Abreu, la que determinará la culminación del proceso “con sensatez y estrictamente apegada a la ley”. Reconociendo que el juicio político contra Robles ha sido un “atípico y único”, toda vez que la cámara baja del Congreso de la Unión se erigió como el órgano de acusación, mientras que la cámara alta fungirá como el órgano de sentencia.

Además del juicio político, Robles Berlanga permanece en prisión preventiva justificada desde el 13 de agosto de 2019 tras ser vinculada a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además de que, el 18 de septiembre del mismo año, también se la sancionó de manera administrativa cuando la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por un periodo de 10 años debido a las irregularidades detectadas durante su gestión en el sexenio de Peña Nieto.

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