Los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, que integran la Alianza Va por México, adelantaron que impondrán un recurso de controversia de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo que determina que las obras de infraestructura del gobierno federal serán consideradas de seguridad nacional.

En una conferencia conjunta, Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI y Luis Espinoza Cházaro del PRD calificaron el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como “un ataque a la Constitución”.

Jorge Romero, coordinador de PAN, adelantó que “Va por México le dice no al decretazo” porque demuestra “el talante autoritario del Presidente” pues la decisión “una vez más se tomó de manera unilateral, de cosas que son flagrantemente inconstitucionales, flagrantemente ilegales”.

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“Estamos evaluando no solamente denunciarlo, sino literalmente usar nuestro poder político y jurídico para que la Suprema Corte determine la inconstitucionalidad de este decreto”, adelantó el legislador de Acción Nacional.

Por su parte, Cházaro afirmó que la transparencia de los recursos que se invierten es esos proyectos no pueden burlarse sólo argumentando que son de “seguridad nacional” porque a “todas luces no lo son”, por ello, abundó, que su alianza no está de acuerdo con la forma del Presidente de blindar sus obras insignias.

“Nos parece preocupante que se utilice el término de seguridad nacional para blindar, opacar obras que a todas luces son las obras de infraestructura que el presidente ha decidido llevar a cabo, pero estas obras requieren de permisos, requieren de autorizaciones de distintas instancias y requieren también del escrutinio público porque requieren o no ser benéficas”, subrayó el perredista.

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Mientras que Rubén Moreira señaló que es inconstitucional el decreto publicado por el Ejecutivo Federal, al mismo tiempo que aseguró que “al Presidente no se le informó el alcance del mismo, ni como está soportado legalmente.

Además, sostuvo que no hay ningún clima que amerite que se catalogue que las obras sean de “seguridad nacional”, y porque no hay evidencia manifiesta en el país que indique que se quieran oponer a la realización de estas obras.

Criticó que el presidente haya tomado de manera unilateral esa decisión sin darle ninguna explicación a los mexicanos, ni a las oposiciones del porqué se tomó esa determinación, por lo que dijo: “no es un buen augurio”.

“No se sabe si alguien se está inconformado por una obra, si una comunidad de indígenas, algunos agrarios que puedan ser violados, algunos derechos al patrimonio cultural, recordemos que los trenes y el aeropuerto se están construyendo en zonas donde hay este tipo de manifestaciones culturales, y que nadie se podrá oponer ahora porque van a ser rechazados los recursos”.