Las investigaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y David León Romero, exdirector de Protección Civil, por la entrega de recursos que hizo presuntamente para el fortalecimiento del partido político Morena en Chiapas.

Con 6 votos en contra y 1 a favor, el proyecto de José Luis Vargas Valdez fue rechazado, por lo que las investigaciones contra Pío López Obrador continuarán. Este sostenía en su propuesta que los delitos por los cuales se pretende investigar al hermano del mandatario nacional ya habían prescrito y por lo tanto no debían indagarse más.

“Esto es así porque si los supuestos de hecho, como consta en el expediente, acontecieron en 2015, la posibilidad de iniciar procedimientos por parte de la autoridad administrativa prescribió en el mejor de los casos el 31 de diciembre de 2018. Insisto, se trata de un asunto estrictamente de debido proceso”, comentó.

Además, aseguró que no había una sola prueba de que las conductas fueran reiteradas en momentos posteriores, ni que tuvieran efectos en ejercicios anuales distintos. Este reiteró en su exposición que si las denuncias habían sido presentadas hasta agosto y septiembre de 2020, más allá de los tres años previstos para actualizar la prescripción de los delitos, su no debió haber ocurrido.

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Ello no convenció al resto de magistradas y magistrados. Alfredo Fuentes Barrera, declaró que no existe certeza respecto a que todos los hechos denunciados hayan acontecido en el año 2015; por el contrario, consideró solo se tienen indicios sobre ese dato.

En ese sentido, la magistrada Janine Otalora comentó que los videos, contrario a lo que aduce el proyecto, contienen referencias en cuanto a que los recursos captados tenían como finalidad su aplicación en el proceso electoral de 2018. Mencionó que al analizar los diálogos de López Obrador y León Romero se puede advertir que los hechos pudieron acontecer durante un año y medio.

«Esos elementos constituyen, en mi opinión, indicios que justifican el ejercicio de la facultad investigadora y la continuación del procedimiento a efecto de que la autoridad pueda allegarse de mayores elementos para esclarecer lo denunciado; máxime que si los indicios se corroboraran nos encontraríamos frente a conductas de tracto sucesivo», agregó.