Senado aprueba Ley de Adquisiciones y reforma a Ley de Obras Públicas

El Senado de la República aprobó este jueves la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, así como reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de Economía Social y Solidaria, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Como ha sido habitual en los últimos años, el dictamen fue avalado con los votos de las bancadas de la “Cuarta Transformación” o 4T.

Durante la sesión, el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, aliado de la 4T, fundamentó un primer dictamen señalando que la nueva Ley de Adquisiciones regulará ampliamente las contrataciones públicas, con el fin de garantizar que ninguna servidora pública o particular se beneficie con recursos que deben ser utilizados en favor de la población. Indicó que los cambios incluyen la incorporación de figuras como compras consolidadas, acuerdos marco, tienda digital, plataforma digital de contrataciones públicas, diálogos competitivos, oferta subsecuente, adjudicación directa con estrategia de negociación, comité de contrataciones estratégicas, así como la inclusión de sociedades cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y grupos de atención prioritaria.

Sobre la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, señaló que la propuesta busca ajustar los esquemas de contratación pública para reducir la corrupción y generar mayor valor para el Estado. En este sentido, se modificaría la forma de celebrar contrataciones, implementando nuevas estrategias y herramientas tecnológicas que representen un cambio de paradigma.

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Añadió que se pretende adoptar los más altos estándares internacionales en materia de contratación, incluyendo investigación de mercado y vinculación con programas prioritarios y proyectos estratégicos. Asimismo, se contempla reducir el porcentaje permitido para adjudicaciones directas, incorporar la oferta subsecuente de descuento y establecer etapas de diálogos estratégicos.

La senadora Cristina Ruiz Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó que su bancada votó en contra de las reformas, ya que implican la desaparición de CompraNet, plataforma que durante años sirvió para vigilar el gasto público. Señaló que esta decisión “no es ninguna modernización, sino que, por el contrario, es ‘robar con la luz apagada’”, y acusó que los cambios favorecerían la entrega de adjudicaciones directas “a sus factureros conocidos y empresas de amigos”.

Desde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Imelda Sanmiguel Sánchez afirmó que la reforma promueve opacidad y arbitrariedad en las adquisiciones públicas. Cuestionó que “de nada servirá sustituir a CompraNet con una nueva plataforma digital de contrataciones públicas, mientras no exista forma de fiscalizarlo verdaderamente”.

También criticó que los artículos transitorios otorguen 30 meses para implementar la nueva plataforma, al considerar que es un periodo excesivo. Afirmó que esto evidencia que la herramienta aún carece de reglas de operación, y que al gobierno “solo le importa dejar ‘en lo oscurito’ el dinero de los mexicanos o desaparecer los contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”.

Por su parte, el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), defendió la reforma como parte del proceso de transformación nacional. Aseguró que los cambios permitirán manejar el dinero público con honestidad y hacer justicia, a diferencia del régimen del “PRIAN”. Precisó que se reducirá el porcentaje máximo de adjudicación directa del 30% al 20%, se incorporará la subasta inversa, se establecerán diálogos estratégicos previos a la contratación para evitar improvisaciones o sobrecostos, y se volverá obligatoria la investigación de mercado para evitar compras infladas.

El primer dictamen fue aprobado en lo general con 68 votos a favor y 23 en contra; en lo particular, obtuvo 66 votos a favor y 23 en contra. El segundo dictamen fue avalado en lo general con 66 votos a favor, 23 en contra y 9 abstenciones; mientras que en lo particular recibió 60 votos a favor y 20 en contra. Ambos fueron remitidos al Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).