Senado aprueba Fiscalía General; oposición cuestiona su autonomía

Tras una sesión que se prolongó por más de diez horas, el Senado aprobó casi a la medianoche del jueves el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se envió a Cámara de Diputados para su estudio.

El proyecto fue avalado con una votación de 70 votos a favor, 47 en contra y cero abstenciones en lo general; y con 61 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, en lo particular.

🔴 Con 70 votos en pro y 47 en contra se aprueba en lo general el dictamen por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

— Senado de México (@senadomexicano) November 15, 2018

El proyecto de ley presentado el noviembre pasado por la senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, finalmente da un marco legal a las modificaciones que se hicieron al artículo 102 constitucional hace ya más de dos años, en el sentido de crear una Fiscalía General que sustituyese a la actual Procuraduría General de la República

Hace unos minutos y después después de diez horas de debate, el @senadomexicano aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República pic.twitter.com/Ogxt9EZCSV

— Martí Batres (@martibatres) November 16, 2018

La principal innovación de la Fiscalía General de la República es su carácter de autónomo, al ser un organismo con independencia técnica y de gestión. Entre otros avances se encuentra el cambio de enfoque para combatir al crimen con la creación de un Plan de Persecución Penal, cuyos resultado deberán ser publicados anualmente, la creación de un Consejo Técnico Ciudadano que fungirá como órgano de asesoría y acompañamiento, la creación de Comisiones Especiales para colaborar en investigaciones de delitos que impliquen graves violaciones a derechos humanos y una nueva estructura para el organismo, integrada por cuatro fiscalías especiales.

En la discusión en lo particular del proyecto de ley, los diferentes grupos parlamentarios minoritarios enunciaron sus objeciones: una y otra vez distintos senadores de los grupos parlamentarios de oposición se lamentaron de que el mecanismo de selección del titular de la Fiscalía General de la República no garantizaba “una verdadera autonomía”.

Así lo expresó, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, quien se refirió al proceso de desafuero contra López Obrador para ejemplificar como, de no garantizarse la autonomía real, el organismo podría ser utilizado para hostigar a los adversarios políticos.

Ante ello sugirieron, en cambio, la creación de una Comisión de Designación independiente del Presidente, la cual estaría exclusivamente encargada de designar al titular de la Fiscalía.

También fue polémico el supuesto que establecía la posibilidad de remover directamente al titular de la Fiscalía en caso de la comisión de “falta grave”, así por ejemplo, expresó el senador Miguel Ángel Mancera: “¿Ante quién va a acreditar la causa grave? ¿Ante el Senado de la República? Y ¿Cómo? (…) no puede haber autonomía cuando la facultad de remoción es directa’’.

Otra arista de la cuestión de la autonomía fue señalada por el senador Manuel Añorve Baños, quien exhortó al pleno a garantizar una línea base para la asignación presupuestaria del organismo, y asegurar de esta forma que el organismo no estuviera sujeto a “castigos” por no sujetarse a las expectativas del Ejecutivo.

Se instó también a que se creara una Fiscalía Especializada para los Derechos de las Mujeres, como planteado por la senadora Kenia López Rabadán, o a que se le diera continuidad a la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y en materia de Trata de Personas, señalado por la senadora Verónica Martínez García.

Muchas otras disposiciones del proyecto fueron discutidas, como los supuestos para la creación de las comisiones de verdad y la necesidad de su autonomía del titular de la Fiscalía, la controversial obligación del Estado de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas, el concepto de justicia transicional y la necesidad de proveer de definición estricta a las atribuciones del Coordinador General de la Fiscalía, entre otras.